Hoy la minería ilegal en oro y cobre se ha convertido en la may...
Muchos empiezan a celebrar que el 2024 el PBI se expanda por encima del 3%, en comparación con la recesión del año pasado y la tendencia al aumento de la pobreza que se desencadenó luego del gobierno de Pedro Castillo y las olas de violencia insurreccional que pretendieron instalar una asamblea constituyente en el Perú. Claro que las cosas buenas deben reconocerse y, de una u otra manera, la continuidad institucional del país hacia el 2026 es una de las explicaciones de que las cosas vayan bien.
Sin embargo, más allá de los reconocimientos el Perú no está para celebraciones. El mediocre crecimiento de algo más del 3% del PBI no permite seguir reduciendo la pobreza de manera sostenida. Si bien con ese nivel de crecimiento la pobreza quizá no aumente, un país con cerca de 30% de pobreza, con un peruano pobre de cada tres, no está para celebrar resultados que no apuntan a erradicar ese flagelo inaceptable para cualquier sociedad moderna.
Y es más inaceptable, sobre todo, para un país que, por su ubicación geográfica, la dotación de sus recursos naturales en minería, sus potencialidades en agroexportación, la industria pesquera y el turismo, está llamado a convertirse en una potencia en el mundo. Peor aún, nadie debería estar para celebraciones cuando el descontrol del déficit fiscal nos lleva por dos años consecutivos a incumplir las metas fiscales planteadas. Hoy el déficit se acerca al 4% del PBI no obstante que la meta era de 2.8%. Un descontrol del déficit en un país que fue un ejemplo mundial en el manejo de esta esta variable en las últimas tres décadas.
El Perú, pues, requiere un nuevo ajuste económico y un verdadero shock institucional de reformas. No se trata del ajuste traumático de los ochenta ni de la crudeza del ajuste en Argentina, pero de todas maneras necesitamos un ajuste. Necesitamos reducir el gasto estatal, necesitamos podar los ministerios que creó el progresismo, por lo menos hasta la mitad. Y luego necesitamos mirar el horizonte de las reformas del mediano y largo plazo.
Sin embargo, antes existe una condición fundamental: que en las elecciones del 2026 triunfe una fuerza política de la centro derecha que restablezca la confianza y la autoridad en la Constitución de 1993 y el Estado de derecho. Si bien es cierto que la involución económica y política del país viene desde una década atrás es evidente que todo fue cuesta abajo desde la elección de Pedro Castillo, un gobierno que emergió con la propuesta de quebrar el Estado de derecho y redactar una constitución anticapitalista. En ese sentido, un nuevo gobierno que recupere la autoridad y la confianza en la Constitución y el Estado de derecho significará un regreso a la tendencia constructiva.
A partir de ese hecho el Perú tiene que lanzarse a velocidad vertiginosa a desarrollar las reformas que eleven nuestra capacidad de crecimiento, que eleven nuestro PBI potencial al nivel que debería estar. Hoy el PBI potencial, nuestra posibilidad de crecer sin inflación, apenas sobrepasa el 3.5%, no obstante que por nuestra geografía y recursos naturales debería superar el 6%.
En ese sentido, el Perú necesita acabar con el Estado burocrático enemigo de la inversión privada, requiere una urgente reforma tributaria para simplificar los regímenes y bajar impuestos, necesita una reforma laboral y, sobre todo, una verdadera revolución en el sistema educativo y el sistema de salud, para tener una fuerza laboral saludable, educada e innovadora. Y sobre esa base el Perú debe avanzar a resolver todos los problemas acumulados en infraestructuras.
Es hora de mirar el futuro del Perú como una verdadera potencia en el mundo.
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