Narcotráfico avanza en la Amazonía

El pasado 5 de septiembre, en un paraje ubicado a dos horas de la carretera Federico Basadre —desde Pucallpa por carretera o en bote por el río Ucayali— personas armadas ingresaron a una concesión forestal y secuestraron a los trabajadores. Los delincuentes indicaron a los secuestrados que esa intervención era un aviso preventivo y que debían retirarse del lugar, de lo contrario volverían y destruirían todo sin importarles “meter bala”.

Por la inacción del Estado, el narcotráfico sigue penetrando en la selva sin ninguna oposición. Más de 4,800 poseedores de títulos habilitantes, entre personas jurídicas y naturales, están en peligro de ser asaltados y expulsados por los narcotraficantes en esas áreas que fueron otorgadas por el Estado para realizar actividades relacionadas con el sector forestal. Según el Sistema de Información Gerencial (SIGO), del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), dependiente ahora del Ministerio del Ambiente (MINAM), esos títulos habilitantes corresponden a permisos forestales en predios privados y comunidades nativas y campesinas, concesiones maderables, no maderables, de forestación y reforestación, y contratos de administración de bosques en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Pasco, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Junín y Amazonas.

Los concesionarios salen de los bosques y los cocaleros y narcos ocupan sus lugares en Puerto Inca, cerca al río Pachitea y en Aguaytía, cerca al río del mismo nombre y al río San Alejandro, cercano a los ríos tributarios del río Ucayali. Los delincuentes se están apoderando legalmente de tierras cercanas a los ríos y a las carreteras construidas por los titulares de los títulos habilitantes. Están pagando entre S/ 3,000 y S/ 30,000 por hectárea.

Según señala Carlos Cabrejos, especialista en derecho forestal, en el sector existe una nube gris que cubre a todos como si fueran ilegales. No hay concesionario que pueda estar libre de un sancionador Procedimiento Administrativo Único (PAU) y de una amenaza del narcotráfico, organizado en medio de los bosques. El Estado plantea organismos para supervisar y, sobre todo, para sancionar las irregularidades del sector forestal, pero no organiza actividades para ubicar las plantaciones y pozos de maceración de coca.

Para el narcotráfico no existe un PAU sancionador. El narcotráfico posee “título de habilitante” (concesionario) obtenido por la amenaza y el asesinato, y por la ausencia del Estado, que abandonó su responsabilidad de proveer seguridad al país. Porque en la selva amazónica no existe infraestructura vial, tampoco colegios ni postas médicas, que garanticen la presencia de las autoridades y del Estado, en cualquiera de sus niveles.

Según Cabrejos, ciertas ONG y medios de comunicación aliados son los encargados de magnificar los procesos sancionadores para crear en la población climas adversos a las actividades forestales. Denuncian que OSINFOR solo supervisa el cumplimiento de las reglas forestales sin otorgar ningún reconocimiento o certificación oficial. Por el contrario, en México (por poner un ejemplo), el organismo supervisor certifica las actividades forestales. En Perú, los titulares de las concesiones están atrapados entre un Estado ausente, pero perseguidor y sancionador, y un narcotráfico que está obligando a las inversiones a abandonar las concesiones.

Cuatro días después de la incursión armada del 5 de setiembre, los narcotraficantes volvieron a la concesión y golpearon a los trabajadores, robaron generadores de electricidad y equipos geo referenciales, destruyeron todo lo que pudieron y secuestraron a un trabajador, que fue rescatado después por sus compañeros de trabajo y no por la policía, porque allí no existe. La selva se ha convertido en tierra de nadie. Los recursos maderables que pueden servir para reducir la pobreza y la desocupación son abandonados. Cancha libre para el narcotráfico y para los contrabandista y taladores ilegales.

Por esta y, por otras razones, el país no puede exportar productos maderables por más de US$ 500 millones anuales, teniendo más del 60% de su territorio ocupado por bosques. Chile exporta más de US$ 6,000 millones. ¿Y el Ejecutivo? ¿Bien, gracias?