Mineros artesanales contra proyecto del Ejecutivo

El Consejo Nacional de la Minería Peruana a Pequeña Escala (CNMPPE) —que agrupa a los mineros artesanales de Puno, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Apurímac, La Libertad, La Libertad, Piura, Camajarca, Amazonas y Huánuco— ha solicitado sendas audiencias al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar; al ministro de Energía, Francisco Ísmodes; y al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. El motivo: el Ejecutivo viene elaborando el proyecto “Ley que promueve el desarrollo integral de la pequeña minería y la minería artesanal”.

Según los dirigentes de la pequeña minería debería existir un consenso entre el Ejecutivo y el Congreso para desarrollar un proceso de formalización integral. Sin embargo, el Ejecutivo ha elaborado un borrador de proyecto sin considerar los avances que se han producido en el Legislativo, alrededor de cuatro proyectos en permanente consulta con los dirigentes de los mineros artesanales.

Para los dirigentes de los mineros artesanales el proyecto del Ejecutivo no se plantea proteger y promover a la minería artesanal y, sin existir conciencia de la realidad de la minería informal, aplica los criterios que valen para la mediana y gran minerías. Por ejemplo, el proyecto del Ejecutivo no deroga los criterios establecidos en el reglamento del Decreto Legislativo N° 1336. que establecen que, para formalizarse, un minero artesanal debe presentar los contratos de explotación, el cálculo de reservas probadas, las declaraciones de los últimos años y otros requisitos que no se pueden aplicar a la realidad de más de 400,000 mineros informales. ¿Qué informal puede superar estas demandas?

Igualmente, los dirigentes de los mineros artesanales aseveran que el proyecto del Ejecutivo establece que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente y el Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) tienen facultades para determinar si un pequeño productor debe ser considerado pequeño minero o minero artesanal. En otras palabras, el proceso de formalización estará sujeto a entidades que no tienen la menor idea de lo que es una política de formalización, porque sus funciones principales son supervisar, fiscalizar y sancionar. Es decir, ausencia total de una política de protección y promoción porque no hay diagnóstico de la realidad.

Asimismo, el papel que se pretende otorgar a la OEFA y Osinergmin vulnera la Ley de Bases de la Regionalizaciones que establece que las direcciones regionales de minería (DREM) se encargan de la protección y promoción de la minería artesanal.

No hay, pues, una política de Estado que proteja y promueva la minería artesanal tal como sucede en Chile y Australia, por ejemplo. La prueba de ella es que en la Dirección General de Formalización Minera del Minem se propone que un pequeño minero reduzca su capacidad de procesar 350 toneladas métricas por día (TMD) a 100 TMD y la de un minero artesanal de 25 TMD a 5 TMD.

La idea de reducir la capacidad procesamiento de los pequeños productores pone por delante la recaudación tributaria antes que la promoción de una política de formalización del Estado. Al final ni se recauda más ni se formaliza. Se cree que las más de 100 plantas formales e informales que procesan el mineral de los productores artesanales deberían pasar a otra condición. Sin embargo, la totalidad de plantas de beneficio procesan alrededor de 2,500 TMD mientras que una gran inversión minera industrializa 540,000 TMD. La diferencia es enorme. En la cabeza de los burócratas del Estado parece haber de todo, menos política de formalización.

En síntesis, el proyecto del Ejecutivo continúa con los criterios que animaron al gobierno de Ollanta Humala a aprobar nueve decretos legislativos —durante la administración de Manuel Pulgar Vidal en el sector Ambiente— y que explican el fracaso total de la política de formalización. Las cifras son estremecedoras. De más de 400,000 mineros artesanales apenas 5,000 tributan al Estado. Se calcula que desde el 2012 hasta la fecha se ha exportado por contrabando en oro alrededor de US$ 15,000 millones. Y el número de mineros formalizados es ínfimo. Nadie entiende, pues, la persistencia de estas políticas.