Minería responsable en el sur

El canon minero está transformando los poblados más alejados del sur peruano. En la provincia de Chumbivilcas (Cusco), entre 2009 y 2014, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza se redujo de de 85% a 50.7%. Es decir, más de 30 puntos. Asimismo, las transferencias por canon a la provincia de Chumbivilcas, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2018 aumentaron en cinco veces más los presupuestos de los gobiernos locales, específicamente en los distritos de Livitaca, Chamaca y Velille.

No hay manera de entender, entonces, cómo es que reducidos grupos de pobladores, azuzados por los dirigentes marxistas, todavía pretenden detener las actividades relacionadas con el cobre en el Corredor Minero del Sur. Alentados por las ONG limeñas, y sin argumentos sustentables, los antimineros alegan contaminaciones ambientales y desencuentros con las mineras, cuando sucede lo contrario. Si fuera por contaminación, hace rato que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hubiera formalizado las denuncias que, de manera irresponsable y temeraria, suele difundir la izquierda antiminera. Como se sabe, el OEFA —ente público encargado de evaluar los impactos ambientales y de deslindar las responsabilidades correspondientes— es parte del sector Ambiente (Minam). Y en el Minan, desde la gestión de Manuel Pulgar (ministro del humalismo) se formularon normas ambientales con sesgo anti inversión para regular las actividades mineras.

Tampoco es cierto que entre los pobladores y las empresas mineras existan desacuerdos. Por ejemplo, la canadiense Hudbay firma cada año acuerdos de cooperación de hasta S/ 3 millones con las autoridades locales, presidentes comunales y representantes de distintas instituciones. Los montos voluntarios están destinados a la ejecución de planes de desarrollo local relacionados con el medio ambiente, educación y salud, y para las actividades económicas de las comunidades. Por su procedencia, Hudbay es bastante escrupulosa con el medio ambiente. El denominado “cierre de mina” realizado después de la construcción de la mina ha servido para mejorar el paisaje natural alrededor de las operaciones mineras. En los cerros que nunca antes lucieron algún tipo de vegetación, hoy existen plantíos autóctonos (de altura) gracias a los convenios de colaboración con las comunidades. Los pobladores formaron pequeñas asociaciones para ejecutar esos planes ambientales.

Uno de los medios que desarrolla campañas antimineras es Ojo Público (OP). En sus informes señala que las vertientes acuíferas del sur están contaminadas, y de manera maliciosa señala que cerca a esas vertientes se desarrollan actividades mineras. Un informe de OP, de diciembre último, fue desmentido por las autoridades de la Dirección Regional de Salud de Cusco. El informe de OP señalaba que el agua potable de la provincia de Espinar (Cusco) contenía diversos minerales fuera de los rangos permisibles. Con ese informe, el movimiento antiminero pretendió organizar manifestaciones violentas en contra de la minería en el corredor minero del sur. Todo fue falso. Uno de los coautores de la nota, Vidal Merma, es un conocido agitador social que utiliza los medios de comunicación locales para difundir relatos falsos sobre la minería. Vidal, según los pobladores del sur, es el enlace entre las ONG ambientalistas y los radicales del sur.

No existen razones válidas para impedir el desarrollo de la minería responsable y moderna en el país. Vale precisar que las obras reclamadas por la población en todas las zonas mineras del país no son responsabilidad de las empresas. Las obras públicas son de responsabilidad de las autoridades correspondientes. Por ejemplo, según el MEF, en Chumbivilcas, en 2017, solo ha sido utilizado un 54% de su presupuesto. El caso más extremo es del distrito de Colquemarca, que utilizó apenas el 33% del presupuesto local. Esta situación, lamentablemente, está relacionada con la ineficiencia e improvisación de las autoridades locales elegidas por la misma población.