Michiquillay y la oportunidad que Cajamarca no puede seguir postergando

Los resultados más recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran una reducción de la pobreza en el Perú durante 2025. Sin embargo, el 25.7% de la población todavía vive en condición de pobreza, lo que equivale a más de una cuarta parte del país. Entre las regiones más afectadas figuran Cajamarca, Loreto y Puno. Particularmente preocupante es el caso de Cajamarca, que acumula 17 años consecutivos dentro del grupo con mayor incidencia de pobreza extrema.

La paradoja resulta evidente. Cajamarca alberga uno de los corredores cupríferos más importantes del mundo, con proyectos de gran escala como Conga, Galeno, La Granja, Cañariaco Norte y Michiquillay. En conjunto, estas iniciativas podrían transformar al Perú en el principal productor mundial de cobre. Sin embargo, la mayor parte de esta riqueza potencial permanece bajo tierra debido a la incertidumbre política y falta de una estrategia consistente para impulsar inversiones de largo plazo.

La cartera minera cajamarquina supera los US$ 16,000 millones, pero gran parte de esos recursos continúa inmovilizada. La paralización de Conga en 2011 marcó un punto de quiebre que deterioró la confianza entre empresas, comunidades y Estado. Desde entonces, el Perú ha perdido terreno frente a otros países productores justamente cuando la transición energética mundial ha incrementado la demanda por cobre y otros minerales estratégicos.

Las consecuencias económicas son significativas. El corredor cuprífero del norte podría aportar alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas adicionales de cobre al año, una cifra equivalente a aproximadamente el 60% de la producción nacional actual. De haberse desarrollado oportunamente, el país habría fortalecido su posición en el mercado global y generado mayores ingresos por exportaciones, inversión y recaudación tributaria.

La importancia de este desafío trasciende al sector minero. El cobre representa cerca del 30% de las exportaciones peruanas y constituye uno de los pilares de la economía nacional. Cada proyecto paralizado implica menores ingresos fiscales, menos empleo y una reducción del dinamismo económico en regiones que necesitan con urgencia nuevas oportunidades de desarrollo.

En este contexto, Michiquillay destaca como una de las iniciativas más relevantes para revertir años de estancamiento. El proyecto, adjudicado a Southern Perú, contempla una inversión cercana a los US$ 2,000 millones y prevé una producción anual de 225,000 toneladas métricas de cobre. De concretarse, su puesta en marcha permitiría incrementar en casi 10% la producción nacional del metal, fortaleciendo la capacidad exportadora del país y generando mayores recursos para el Estado.

Las cifras de Michiquillay adquieren una dimensión aún más relevante cuando se comparan con la realidad económica de Cajamarca. En una región que permanece desde hace 17 años entre las más afectadas por la pobreza extrema, una inversión de US$ 2,000 millones y una producción de 225,000 toneladas anuales representan mucho más que indicadores mineros. Constituyen una oportunidad concreta para generar empleo, atraer nuevas inversiones y convertir parte del potencial geológico de la región en bienestar tangible para su población.

Pero el valor estratégico de Michiquillay va más allá de sus indicadores económicos. Su desarrollo podría convertirse en una señal de confianza para destrabar otros proyectos de gran envergadura y reactivar un corredor minero que lleva más de una década esperando decisiones políticas. Asimismo, permitiría impulsar la formación de un clúster minero en el norte del país, articulando infraestructura, proveedores especializados, servicios y capital humano.

La experiencia internacional demuestra que los beneficios de la minería moderna pueden extenderse mucho más allá de la extracción de recursos. Regiones como Antofagasta, en Chile, han desarrollado ecosistemas empresariales vinculados a la innovación, la capacitación técnica y la provisión de servicios especializados. Replicar un modelo similar permitiría generar empleo de calidad y diversificar las economías regionales.

Los efectos multiplicadores también son relevantes. Diversos estudios estiman que por cada empleo directo generado por la minería se crean entre tres y cinco puestos de trabajo indirectos en sectores como transporte, energía, metalmecánica y servicios. Este proceso fortalece el tejido empresarial local y contribuye a elevar la productividad de toda la economía.

No obstante, persisten obstáculos que siguen limitando el avance de las inversiones. La inestabilidad jurídica, la debilidad institucional y la deficiente gestión de los conflictos sociales continúan afectando la competitividad del país. A ello se suma la expansión de la minería ilegal, una actividad que genera daños ambientales, evasión tributaria y mayores niveles de violencia en distintas zonas del territorio nacional.

El Perú enfrenta una decisión que no puede seguir postergando. Mientras la demanda global de cobre continuará creciendo durante las próximas décadas, el país dispone de recursos y proyectos capaces de responder a esa oportunidad. Cajamarca es quizá el ejemplo más claro de lo que está en juego: una región con enormes riquezas minerales que sigue enfrentando elevados niveles de pobreza. La diferencia entre aprovechar o desperdiciar ese potencial dependerá, una vez más, de la capacidad del Estado para generar condiciones que permitan transformar inversión en desarrollo.