Michiquillay reactiva el campo

La reactivación de Cajamarca es posible siempre y cuando las autoridades locales decidan apostar por la minería. No hay otra salida económica que pueda ofrecer renta, canon y regalías suficientes para brindarle a la región progreso y prosperidad para todos. Resulta paradójico que siendo Cajamarca una de las regiones con mayor riqueza mineral del Perú, albergue la mayor pobreza del país: alrededor de 50% de su población, según los indicadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Las condiciones para este proceso de crecimiento social y económico en la región del norte están dadas, sobre todo por el apoyo de los pobladores al proyecto. En esta coyuntura, Mesías Guevara, de Acción Popular (AP), el actual gobernador regional, deberá continuar con los lineamientos políticos heredados del ex presidente y fundador de AP, Fernando Belaunde: la economía peruana se fundamenta en las inversiones que generan trabajo y reducen la pobreza, la informalidad y el desempleo. Lo opuesto sería continuar con el relato falso de los antimineros y sus políticas sociales y económicas que hundieron a Cajamarca en los últimos ocho años.

Con el inicio de Michiquillay, en la provincia de Celendín —proyecto de US$ 2,500 millones, concesionado hace más de un año y ubicado muy cerca al proyecto Conga (de US$4,800 millones, paralizado en 2011 por violentas manifestaciones organizadas por los antimineros)— se puede desencadenar una ola de reactivación de inversiones. La viabilidad de los proyectos mineros en Cajamarca depende de las proyecciones que Guevara tiene para su región, dedicada al sector agropecuario en un 55% de la población, sin renta suficiente para realizar las obras que se requieren.

En Cajamarca existe una brecha enorme en cuanto a educación y salud. El presupuesto que reciben las municipalidades y el gobierno regional no es suficiente para construir carreteras ni plantas de tratamiento de agua y de residuos sólidos. Las universidades no reciben canon suficiente para desarrollar programas de investigación científica relacionados con la agricultura y ganadería. Vale decir que las innovaciones científicas surgen en las universidades, que en este caso servirían para mejorar la productividad de los cultivos y la reproducción de ganado, así como mejorar la producción de carne, leche y productos lácteos. En este contexto, el aporte del canon minero es crucial, de vida o muerte, para la prosperidad de las actividades del campo.

La empresa Southern Copper, concesionaria del proyecto Michiquillay, ha iniciado los estudios geológicos con una inversión de US$ 50 millones para los próximos dos años. Después se realizarán las actividades de perforación para determinar con exactitud las características del yacimiento. En 2022 debe comenzar la construcción de la mina y, si todo se cumple de acuerdo a lo planeado, en 2025 Michiquillay comenzará a producir 225,000 toneladas de cobre al año.

Paralelamente a los trabajos geológicos y de construcción de mina, la empresa ha iniciado el relanzamiento de las comunidades, con la ejecución de diversos proyectos acordados con los pobladores. Desde el comienzo Southern suscribió convenios de cooperación con las comunidades y ha comprometido US$ 400 millones al Fondo Social Michiquillay; un fondo que servirá para desarrollar programas de carácter social en educación y salud, así como actividades relacionadas con la economía de las comunidades. 

La creación de un cluster de desarrollo en Cajamarca incluye a otros proyectos mineros ubicados en esa zona: Galeno, Quilish, Río Tinto, La Granja y Shahuindo, proyectos que suman alrededor de US$ 16,000 millones en inversiones. El circulo virtuoso de la minería impulsará, además de las actividades agropecuarias y turismo, los emprendimientos vinculados a la metalmecánica, mantenimiento de equipos y maquinarias, reconstrucción de partes y accesorios, servicios de transporte, mensajería y otros.

Los cajamarquinos tienen el derecho a una nueva oportunidad, y las autoridades están en la obligación de interpretar esos deseos de superación social y económica. Con el relato falso de la contaminación, las ONG antimineras intentan detener las actividades del sector minero; desconociendo además la voluntad de la población, que eligió autoridades locales y regionales opuestas a la izquierda antidesarrollo.