Malas noticias para la formalización minera

En cuanto a formalización minera, en la administración Vizcarra no parece haber novedades. Se continuarán aplicando las políticas formuladas durante el nacionalismo, con la gestión de Manuel Pulgar en el Ministerio del Ambiente. Como todos sabemos, la política del Estado con respecto a la informalidad minera prioriza las multas, sanciones, embargos, pérdidas de dominio e interdicciones por “incumplimientos de la ley”, antes que promover la formalización. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA, del sector Ambiente) y la Sunat, de una u otra manera, han sido las entidades que han expresado estos criterios con respecto a los más de 400,000 mineros artesanales. Si no hay una política estatal de formalización, solo quedará la sanción estatal y nadie se ocupará de las malas leyes antiformalizadoras.

Sobre el tema ha trascendido que la administración Vizcarra está consultando a diversas entidades y organizaciones un proyecto de ley —elaborado en el Ministerio de Energía y Minas (Minam)— que pretende delegar a la OEFA la fiscalización de la minería artesanal, en vez de a las direcciones regionales de minería (DREM) de las gobernaciones regionales. Ha trascendido que Lenin Valencia, actual director general de Formalización Minera del Minam, es uno de los principales promotores de la mencionada iniciativa legal.

La idea de empoderar a la OEFA sobre cualquier política formalizadora o promotora de inversiones es un objetivo de la izquierda. De allí que no sea extraño que Valencia haya formado parte del equipo de gobierno de Tierra y Libertad (de Marco Arana) y también haya trabajado en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ONG promovida por Manuel Pulgar Vidal. Ante esta situación, los gremios de los mineros artesanales han decidido emplazar al Gobierno y al sector Energía y Minas para que nombre un director de Formalización Minera que promueva políticas de inclusión legal para los miles de productores artesanales.

En el Perú cualquier intento de incluir en la legalidad a los mineros artesanales ha fracasado en todos los sentidos: antes del Gobierno de Vizcarra, de un total de 400,000 mineros artesanales solo 70,000 se comprometieron a la formalización, 30,000 pasaron a la etapa de saneamiento, y apenas 113 lograron formalizarse. Hoy se dice que en el nuevo Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) existen 55,665 mineros en proceso de formalizarse y 1,452 formalizados. Sin embargo, en ese total de supuestos formalizados se cuentan a los socios de una cooperativa (que pueden llegar a 800) como independientes, cuando en realidad son una sola persona jurídica. La formalización, pues, es un reverendo fracaso. En el Congreso tampoco se tramitan la normas que permitirían ampliar los plazos para inscribirse en el Reinfo.

¿Cómo surgió la legislación antiformalizadora? Durante el nacionalismo y la gestión de Pulgar Vidal se promulgaron nueve decretos legislativos que organizaron la política actual de formalización, exigiendo a los productores artesanales los mismos requisitos que se demandan a las medianas y grandes inversiones mineras. Con el Gobierno de PPK se expidió el DL N° 1336, que le exige a un minero artesanal las declaraciones anuales de los últimos cinco años, los contratos de explotación, el cálculo de las reservas probadas y los documentos de la persona individual o jurídica que desarrolla la actividad. En otras palabras, se solicita requisitos que ningún minero artesanal podría cumplir; de lo contrario, ya sería formal. ¿O no?

El proyecto de ley que impulsa el actual director de Formalización Minera, pues, continúa profundizando esta política antiformalizadora. Si la OEFA fiscaliza a la minería artesanal, es evidente que la criminalización de este sector se acentuará, porque la prioridad serán las sanciones y multas. En el proyecto, por ejemplo, se contemplan multas hasta por 5,000 UIT (S/ 21 millones) que hundirían en la quiebra total a cualquier pequeño minero.

Grave error del Estado, el Ejecutivo y el Congreso, contemplar cómo se mantienen estas políticas de exclusión. Únicamente 5,000 mineros artesanales tributan, de un total de 400,000. Desde el 2012 hasta la fecha se han exportado alrededor de US$ 15,000 millones en oro de contrabando. Perdemos todos: la recaudación fiscal del Estado, el medio ambiente y los propios mineros artesanales.