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Majes Siguas II se perfila como una de las iniciativas de infraestructura más determinantes para el sur del Perú, con el potencial de transformar de manera sostenida la economía regional. El proyecto contempla una inversión relevante —valorada en los documentos técnicos en torno a S/ 7,700 millones— y la habilitación de decenas de miles de hectáreas para riego, lo que abre la posibilidad de convertir zonas áridas en superficies aptas para cultivos comerciales.
La dimensión territorial programada para Majes Siguas II asciende a 40,000 hectáreas de nueva área irrigada, cifra que condiciona la magnitud de las decisiones sobre adjudicación y ordenamiento predial. Esta ampliación no solo incrementa la oferta de tierras cultivables; redefine las oportunidades productivas del sur y permite pensar en una expansión hacia el sur del boom agroexportador que ha caracterizado a regiones como Ica. El reto será traducir ese potencial territorial en proyectos agrícolas con escala y viabilidad.
En términos de empleo y valor agregado, las estimaciones vinculadas al proyecto apuntan a un impacto laboral y productivo de gran alcance: más de 160,000 puestos entre directos e indirectos a lo largo de las etapas de ejecución y operación. La intervención incluye, además, la construcción de dos centrales hidroeléctricas, lo que aporta una dimensión energética al paquete de obras y refuerza la sinergia entre riego y generación eléctrica. Estas cifras deben orientar la gestión social y económica del proyecto.
El detalle del impacto en empleo suele precisarse por fases: las proyecciones del consorcio y las entidades vinculadas hablan de alrededor de 83,000 empleos durante la construcción y cerca de 80,000 empleos permanentes una vez operativa la infraestructura. Esa magnitud implica no solo capacitación y articulación con el mercado laboral local, sino también la necesidad de planes de inserción laboral y condiciones laborales que eviten la precariedad y permitan una transición hacia empleos formales y productivos.
Las lecciones de la primera etapa, Majes Siguas I, son contundentes: la fragmentación de la propiedad en minifundios afectó la adopción de inversiones en mecanización, riego tecnificado y acceso a crédito. Por ello, la distribución de las nuevas tierras en Majes Siguas II debe privilegiar unidades productivas de escala suficiente para atraer inversión y tecnologías, evitando la proliferación de parcelas incapaces de sostener proyectos agroexportadores competitivos. Al mismo tiempo, la inclusión de pequeños agricultores debe canalizarse mediante formas asociativas robustas.
En ese sentido, las asociaciones público–privadas (APP) aparecen como un instrumento central: no sólo para canalizar inversión privada sino para garantizar mantenimiento, gestión técnica y sostenibilidad financiera de las obras hidráulicas. La experiencia previa mostró que la gestión pública del mantenimiento puede resultar onerosa y deficiente; por eso resulta imperativo diseñar mecanismos contractuales claros donde la responsabilidad del sector privado en operación y conservación tenga estándares verificables y mecanismos de fiscalización estatal.
Las APP, correctamente estructuradas, pueden además facilitar la comercialización transparente de tierras y la introducción de sistemas de riego presurizado, digitalización del suministro y modelos de gobernanza que promuevan eficiencia en el uso del agua. Su aporte de disciplina gerencial y acceso a tecnologías puede hacer de Majes Siguas II un proyecto replicable en otras cuencas, siempre que los contratos consideren intereses comunitarios y mecanismos de rendición de cuentas.
En el plano macroeconómico, la ampliación de la frontera agrícola de la que forma parte Majes Siguas II puede contribuir a elevar la proporción de tierras orientadas a la exportación. Hoy se estima que apenas el 5% de la superficie agrícola nacional genera exportaciones; la suma de proyectos hídricos en cartera podría llevar áreas exportadoras desde unos 250,000 hasta más de 600,000 hectáreas, con efectos directos sobre la balanza comercial y la formalización de actividades rurales. Este escenario exige políticas agrícolas y comerciales que acompañen la oferta de tierra y agua con acceso a crédito, infraestructura de transporte y servicios técnicos.
Finalmente, el éxito de Majes Siguas II dependerá de decisiones técnicas, legales y políticas sostenidas en el tiempo: adjudicaciones orientadas a unidades productivas viables, integración de pequeños agricultores mediante esquemas asociativos, contratos APP bien diseñados y un marco regulatorio estable. Solo con esos elementos convergiendo será posible que la llegada del agua y la energía se traduzca en desarrollo económico real, empleo de calidad y una nueva potencia agroindustrial en el sur del país. La oportunidad existe; su concreción exige prudencia técnica y compromiso público-privado.
















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