La necesidad imperiosa de una ley de promoción agraria

Ha comenzado a surgir un extraño razonamiento de un sector que se define como liberal, que nos señala que el sector agrario no necesita una ley que promueva las inversiones y la capitalización en el campo. El razonamiento surge de un temor que todos los promotores de la libertad económica albergan: que el régimen promocional se convierta en justificación para multiplicar exoneraciones de aquí para allá. 

Semejante temor es justo y lo compartimos. Vale señalar que, a nuestro entender, el único sector en que se justifica un régimen promocional es el agro. No hay otra actividad económica parecida.

Ahora bien, el régimen de promoción –antes de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) por el gobierno provisional de Sagasti–, en las últimas dos décadas formó parte del modelo económico que posibilitó cuadruplicar el PBI y reducir pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo (hoy ha subido casi al 30% de la ciudadanía). Desde la derogatoria, sorprendentemente, las cifras siguen en azul y las exportaciones siguen creciendo en dólares. El año pasado, por ejemplo, se exportó  US $12,420 millones, una cifra récord en la agricultura (el 2023 sumó US $10, 125 millones).

Sin embargo, ¿a qué se debe el crecimiento? Los buenos economistas deben explicar el fenómeno. ¿A más toneladas de frutas y hortalizas exportadas? ¿A un incremento de la productividad? En el 2023 se exportó 4.6 millones de toneladas y el año pasado 4.7 millones de toneladas. En otras palabras, la producción está estancada y si las cosas van en ese sentido el declive ha comenzado. ¿O no?

Si la cantidad en dólares de lo exportado aumenta y las toneladas siguen igual, entonces, no se necesita ser economista para entender que el aumento en las exportaciones es un asunto de precios, que depende de la volatilidad de los mercados mundiales. Sin embargo, ¿por qué el Perú comienza a estancarse en sus exportaciones no obstante que tiene la potencialidad de cuadruplicar la frontera agroexportadora? La respuesta es simple: desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, a punta de bloqueo de carreteras y quema de llantas, no hay nuevas inversiones en el agro. Sí se conoce de compras de empresas que han sido vendidas a capitales nacionales o extranjeros, pero ninguna nueva inversión.

En el sector agrario se evalúa que, desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, se han dejado de invertir en 30,000 hectáreas y se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos formales del total de un millón que se crean en el sector (entre directos e indirectos). 

Ahora bien, no se trata de ser maniqueos y negar otras realidades. Es evidente que también no hay inversiones en el agro porque el Perú como tal ha perdido competitividad por la crisis política que desató el gobierno de Castillo, por el bloqueo de los proyectos hídricos,  el relegamiento de las asociaciones público-privadas, por la falta de infraestructuras y por la colectivización de las relaciones laborales en el agro (otra consecuencia de la señalada derogatoria).

Durante la vigencia de la Ley de Promoción Agraria –es decir, en las últimas dos décadas– se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones (en la minería se sumó alrededor de US$ 60,000 millones). La reinversión de utilidades era un proceso constante y frenético y las exportaciones se multiplicaron de US$ 651 millones a más de US$ 12,000 millones en la actualidad. Sin embargo, no hay nuevas inversiones, no hay más toneladas exportadas y tampoco más empleo formal.

El sector agrario es el único sector que merece un régimen especial (ningún otro en la economía) porque trata con seres vivos (plantas y animales) y porque la construcción de la infraestructura hídrica privada en los desiertos determina que la rentabilidad de las inversiones madure en varios años. Por otro lado, todos los países tienen tratamientos especiales de sus sectores agrarios. Y, finalmente, el Perú tiene la potencialidad de ganar un millón de hectáreas al desierto (multiplicando por cuatro sus exportaciones) y abreviar su camino al desarrollo.

En vez de discutir si aprobamos una nueva ley de promoción agraria se debería proponer que el régimen tributario y laboral de la ley derogada, Ley 27360, se extienda a toda la economía nacional.