La minería ilegal acabará, principalmente, con la pequeña minería

Existen sectores de la pequeña minería y de las plantas de beneficio –que procesan el mineral de los mineros artesanales– que creen que es posible convivir con la minería ilegal y la ola de violencia que esta actividad desata para quebrar el sistema de derechos de propiedad en el Perú. Gravísimo e inaceptable error, no solo porque se viola la Constitución y las leyes nacionales, sino también porque es, como se dice, una manera de dispararse a los pies.

¿A qué nos referimos? Si hoy el Ejecutivo, el Congreso, las instituciones del sistema de justicia, la policía nacional del Perú (PNP) y las fuerzas armadas no detienen la minería ilegal en la provincia de Pataz (en la región La Libertad), tarde o temprano, el crimen organizado arrasará con los pequeños mineros. ¿Por qué? En Pataz se sabe que las bandas internacionales han comenzado a manejar directamente el negocio de la minería ilegal, desplazando a los anteriores mineros ilegales que los contrataron. Si esa es la lógica, el crimen organizado comenzará a cobrar cupos expropiatorios a las pequeñas unidades de minería hasta que, finalmente, los sacarán del negocio mediante la extorsión o el sicariato.

Considerando que el precio del oro sigue al alza y el valor de la libra del cobre sigue en trepada sostenida, si el Estado de derecho no recupera el principio de autoridad y no desarrolla interdicción en contra de la minería ilegal casi todos los pequeños mineros artesanales de oro y cobre serán engullidos por el crimen organizado. Hoy, por ejemplo, se conoce que la minería ilegal moviliza alrededor de US$ 6,000 millones de un total de US$ 10,000 millones que tramitan las economías ilegales (entre ellas el narcotráfico y la trata de personas).

Por otro lado, se calcula que el año pasado en Pataz se movilizaron 12,000 camiones que transportaban el mineral ilegal robado a las concesiones formales, ante la vista y paciencia de las instituciones del Estado y las fuerzas de seguridad. Igualmente, en el corredor vial del sur se movilizan más de 300 camiones diarios que transportan el mineral robado de las concesiones formales y, de una u otra manera, ya no se trata de una minería ilegal de pequeñas unidades, sino de grandes inversiones, de poderosas maquinarias, pero absolutamente ilícitas. La minería ilegal depreda el medio ambiente, no paga impuestos, no genera empleo formal y destruye los ingresos fiscales del Estado al embestir contra el sistema de propiedad y la minería moderna en el Perú.

Por todas estas consideraciones las pequeñas unidades de minería y los mineros artesanales deberían ser los más interesados en desarrollar una alianza con la gran y mediana minería para desarrollar un audaz proceso de formalización minera y construir un muro contra la minería ilegal y el crimen organizado. De lo contrario, los pequeños serán los primeros y más afectados por el avance del crimen organizado.

Asimismo, la gran y mediana minería deberían ser los principales sectores que movilicen una gran propuesta de formalización minera que establezca los procedimientos y plazos taxativos del proceso. ¿Por qué? Porque, principalmente, los sectores de la minería moderna son los que pueden trazar una línea demarcatoria entre la minería ilegal y las minerías informales. El minero ilegal es el que viola el derecho de propiedad de una concesión en exploración o explotación; igualmente, es el que desarrolla minería en parques nacionales y zonas reservadas. El minero informal, por el contrario, desarrolla la actividad sin contar con los permisos y autorizaciones del Estado.

Sin la movilización de la minería moderna alrededor de una propuesta de formalización minera el fracaso se reeditará una vez más, como en las últimas dos décadas, porque el Estado no está en condiciones de materializar el objetivo, más allá de que sea su responsabilidad. La formalización minera será posible si el sector privado sostiene el proceso. No hay otra. Sobre esa base la sociedad y los políticos respaldarán una masiva y total interdicción de la minería ilegal.

Hasta hoy el sector moderno de la minería solo se ha presentado como una fuerza focalizada en la interdicción. Una imagen que no le ha permitido ganar a los políticos ni a la sociedad.