La guerra antiminera contra las pobres del Perú

Mientras la guerra política entre Ejecutivo y Legislativo continúa en medio de una feroz judicialización, el Estado sigue paralizado, con la inversión pública en retroceso. La economía sigue su curso, como si alguien creyera que se puede seguir expandiendo el PBI sin nuevas reformas. En este contexto, el Perú sigue retrocediendo en los rankings de competitividad mundial sin que la clase política reaccione, desarrolle un armisticio, y entienda que, tarde o temprano, la mala política se tragará a la economía.

Uno de los temas abandonados por el Ejecutivo y el Congreso es el asunto clave de la minería. Luego de las elecciones subnacionales, finalmente ¿se concretan los proyectos de Tía María en Arequipa y Michiquillay en Cajamarca? A nadie le preocupa, por ejemplo, que Bolivia le saque varios cuerpos de ventaja al Perú con el anuncio de Evo Morales de explotar el litio en alianza con una empresa alemana. El Perú y Bolivia comparten uno de los más grandes yacimientos de litio del planeta, un metal que se convertirá en el nuevo oro para fabricar baterías. Sin embargo, el Ejecutivo está guerreando con el Legislativo.

Si se duda de que la minería es el pan del Perú, vale recordar que actualmente el sector minero representa el 60% de las exportaciones, cerca del 14% del PBI y el 20% de la recaudación fiscal. Este año, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las exportaciones mineras alcanzarán los US$ 30,600 millones, un incremento del 16% con respecto al 2017. De alguna manera semejante bonanza económica explica el alto número de candidatos a los gobiernos locales y regionales en todas regiones mineras, en las elecciones del 7 de octubre pasado.

En julio pasado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió a los gobiernos locales y regionales el canon correspondiente a 2017. Es decir, el 50% de la renta declarada por las compañía mineras y de hidrocarburos, que alcanzó S/ 3,158 millones, 70% más que en el año anterior (S/ 1,863 millones). Las regiones que recibieron mayores transferencias fueron Áncash (S/ 1,085 millones), Arequipa (S/ 532 millones) y La Libertad (S/ 259 millones). De otro lado, un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que en los últimos 11 años los presupuestos públicos per cápita de las regiones mineras aumentaron en 2.5 veces, más que el promedio nacional. 

Según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) el país puede recaudar US$ 547,000 millones hasta el 2050 si las operaciones continúan y los nuevos proyectos mineros se concretan. Estas inversiones permitirían erradicar la pobreza y expandir y mejorar los servicios públicos, solucionando los grandes déficits de infraestructura.

Sin embargo, las autoridades del Estado deben permanecer alertas frente a los enemigos de la inversión y el desarrollo. La posibilidad de seguir reduciendo pobreza está en peligro por las actividades de la extrema izquierda y del ambientalismo ideológico, que pretenden detener la producción de cobre en el Perú. Es necesario precisar que estos sectores políticos y las ONG de izquierda están financiados por los grandes comercializadores del metal rojo en el planeta que han apuntado al Perú.

Nuestro país disputa con Chile la primacía en producción de cobre. Esos sectores no apuntan al país del sur porque su sistema político es más estable que el nuestro, pero si han concentrado esfuerzos en detener la producción peruana por la volatilidad política. Cuando se detienen proyectos como Conga y Tía María ellos ganan enormes sumas de dinero en las bolsas del mundo. Una brizna de esas ganancias podría ser el origen del enorme financiamiento al ejército antiminero en el Perú.