La flexibilidad, una de las claves de la formalidad laboral

El mercado laboral peruano enfrenta una paradoja que ya no podemos seguir ignorando: las reglas que supuestamente buscan proteger el empleo terminan convirtiéndose en barreras que impiden a millones de trabajadores acceder a la formalidad. Más del 70% de la fuerza laboral —alrededor de 12 millones de personas— permanece en la informalidad. Mientras tanto, incorporar a un trabajador a un empleo formal puede representar un costo equivalente al 66% o 71% de su salario. Se trata de una carga difícil de asumir para una economía en la que el 99% de las empresas son micro y pequeñas empresas (mypes), con una capacidad limitada para absorber costos regulatorios y laborales.

La evidencia internacional confirma que el problema no se resuelve acumulando obligaciones sobre las empresas. El reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Hacer que los mercados laborales funcionen, advierte que las regulaciones de protección del empleo excesivas o mal diseñadas elevan los costos de despido y desincentivan la creación de puestos formales. Cuando los contratos indefinidos implican costos desproporcionados, las mypes tienden a eludir la legislación que los establece, contribuyendo a la segmentación del mercado laboral. En otras palabras, una regulación que pretende proteger a los trabajadores puede terminar excluyendo a una parte considerable de ellos.

Frente a esta realidad, el BID propone desvincular la protección social de la condición laboral y financiarla mediante impuestos generales, en lugar de contribuciones a la nómina que funcionan como impuestos al empleo formal. Se trata de una orientación relevante para el Perú: si queremos que más empresas contraten formalmente, debemos revisar los costos que encarecen la contratación y dificultan la creación de puestos de trabajo.

La experiencia internacional también permite observar la relación entre flexibilidad laboral, contratación y adaptación económica. En el Employment Flexibility Index 2020, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, Irlanda y Dinamarca aparecen entre los mercados laborales más flexibles. Estas economías también presentan altos niveles de productividad e inversión y, según el texto, condiciones de pleno empleo. Sus marcos laborales permiten que las empresas se adapten a los cambios económicos mientras mantienen sistemas de protección social. La flexibilidad, por tanto, puede facilitar la contratación y reducir los riesgos que asumen las empresas al crear nuevos puestos de trabajo.

Este asunto es especialmente importante para atraer inversión extranjera directa. Diversos estudios, entre ellos Foreign Direct Investment and Labor Market Flexibility in Host and Source Countries, Labour Market Flexibility and FDI Attraction: A Macroeconomic Analysis y Do Foreign Investors Care About Labor Market Regulations?, identifican una relación favorable entre la flexibilidad laboral y mayores flujos de inversión extranjera. Cuando una empresa internacional evalúa instalarse en un país, considera si podrá contratar trabajadores, reorganizar sus operaciones y responder a cambios en la demanda bajo reglas previsibles. Un mercado laboral excesivamente rígido puede convertirse, entonces, en un obstáculo para captar capital y generar empleo.

Sin embargo, sería equivocado atribuir toda la informalidad peruana exclusivamente a la legislación laboral. También debemos considerar la calidad del capital humano. El Índice de Capital Humano del Banco Mundial asigna al Perú una calificación de 0.61. Esta cifra indica que un niño nacido hoy alcanzaría, con educación completa y plena salud, apenas el 61% de la productividad que podría obtener bajo esas condiciones. La brecha educativa y de capacidades constituye, por tanto, otro desafío fundamental para elevar la productividad de los trabajadores y las empresas.

La reforma laboral debe abordar ambas dimensiones. Por un lado, es necesario revisar las regulaciones que encarecen desproporcionadamente la contratación formal, especialmente para las mypes, y permitir que los contratos reflejen mejor las condiciones y la productividad de las empresas. Por otro, se requiere fortalecer el capital humano para que los trabajadores puedan acceder a empleos de mayor productividad y mejores ingresos.

El Perú necesita una nueva generación de reformas que permita recuperar el crecimiento y continuar reduciendo la pobreza. Mantener un mercado laboral en el que la formalidad resulta demasiado costosa para millones de empresas no protege a quienes permanecen fuera de ella: los condena a trabajar sin las oportunidades y la protección que ofrece un empleo formal. Flexibilizar la legislación, reducir las barreras a la contratación y mejorar la productividad no son objetivos contrapuestos a la protección social. Son parte de una estrategia para que esa protección pueda alcanzar a más peruanos.