La estadista y el politiquero en las agroexportaciones

Las agroexportaciones peruanas cerraron el 2025 con un resultado histórico. Alcanzaron US$ 14,760 millones en ventas al exterior, un crecimiento de 20% respecto al año anterior, y concentraron más de la mitad de todos los empleos generados por las exportaciones nacionales. Detrás de estas cifras destacan productos emblemáticos como el arándano, que consolidó al Perú como el primer exportador mundial por sexto año consecutivo, y la palta, que convirtió al país en el segundo exportador global de este producto.

Sin embargo, detrás de estos impresionantes resultados existe una realidad que suele ser ignorada por quienes cuestionan el modelo agroexportador: el éxito del sector no surgió de la expansión del Estado ni de políticas intervencionistas. Surgió de la inversión privada, de la apertura comercial, de la seguridad jurídica y de un marco promocional que incentivó la llegada de capitales, tecnología y empleo formal al campo peruano.

Los números son contundentes y deberían cerrar cualquier debate ideológico serio sobre el tema. Según el propio Ministerio de Economía y Finanzas, durante la vigencia de la anterior Ley de Promoción Agraria la recaudación tributaria vinculada al sector pasó de apenas S/ 97 millones a más de S/ 826 millones anuales. La evidencia resulta irrefutable: gracias al régimen promocional, el Estado terminó recaudando alrededor de S/ 9,100 millones, cuando sin dicho esquema apenas habría obtenido cerca de S/ 2,200 millones.

Es decir, la promoción de la inversión privada no redujo la recaudación fiscal, como sostenían sus críticos. Ocurrió exactamente lo contrario. El Estado recibió aproximadamente S/ 7,000 millones adicionales gracias al crecimiento económico generado por el sector agroexportador. Se trata de una de las demostraciones más claras de un principio económico elemental: cuando se crean condiciones para que el sector privado invierta, produzca y genere empleo, el resultado final beneficia tanto a los trabajadores como a las finanzas públicas.

La evidencia social es igualmente contundente. Hoy el sector agrario genera más de 1.5 millones de empleos directos e indirectos y ha permitido reducir significativamente los niveles de pobreza en varias regiones vinculadas al desarrollo agroexportador. El caso de Ica es probablemente el más ilustrativo. Mientras la pobreza nacional ronda el 25%, esta región registra niveles cercanos al 6%, una diferencia que refleja el impacto transformador de la inversión, la irrigación y la generación de empleo formal.

La agroexportación peruana demuestra que el verdadero camino para reducir pobreza no consiste en distribuir pobreza mediante subsidios o expandir burocracias estatales, sino en crear riqueza mediante inversión, productividad y acceso a mercados internacionales. Allí donde llegaron los proyectos agroexportadores surgieron empleos formales, infraestructura, servicios y oportunidades económicas para miles de familias.

Pero el potencial de crecimiento está lejos de agotarse. Actualmente las agroexportaciones operan sobre apenas unas 250,000 hectáreas, alrededor del 5% de la superficie agrícola nacional. Sin embargo, la costa peruana posee capacidad para incorporar más de un millón de nuevas hectáreas productivas mediante grandes proyectos de irrigación.

En ese contexto, iniciativas como Majes Siguas II y Chavimochic III adquieren una importancia estratégica. Ambos proyectos tienen la capacidad de ampliar significativamente la frontera agrícola, generar cientos de miles de empleos y multiplicar las exportaciones nacionales durante las próximas décadas. La clave para hacerlos realidad será mantener un esquema basado en asociaciones público-privadas que permita combinar la supervisión estatal con la capacidad de inversión y gestión del sector privado.

Precisamente por ello, la discusión política actual adquiere enorme relevancia. Durante el reciente debate presidencial, Keiko Fujimori ratificó su compromiso con la ejecución de proyectos como Chavimochic III y Majes Siguas II, además de fortalecer la integración logística mediante el Megapuerto de Chancay. La lógica detrás de estas propuestas es clara: más agua, más inversión privada, más productividad y más acceso a mercados internacionales.

En contraste, Roberto Sánchez ha colocado en el centro de su propuesta la llamada "segunda reforma agraria", retomando conceptos que evocan modelos intervencionistas que históricamente fracasaron en el Perú y en América Latina. Su discurso cuestiona el modelo agroexportador actual y plantea una mayor participación estatal en un sector que precisamente ha prosperado gracias a la iniciativa privada.

La preocupación no es menor. Diversos representantes del sector agrario han advertido que cambios radicales en las reglas de juego podrían afectar cientos de miles de empleos formales y desalentar nuevas inversiones en un momento en que el país debería estar expandiendo agresivamente su frontera agrícola.

La experiencia peruana ya entregó su veredicto. Allí donde llegaron la inversión privada, las irrigaciones y las reglas estables aparecieron empleo, exportaciones y reducción de pobreza. Allí donde predominó el intervencionismo estatal aparecieron estancamiento e ineficiencia.

Por eso la decisión de fondo es simple. El Perú puede profundizar el modelo que convirtió desiertos en valles productivos y regiones pobres en polos de desarrollo, o puede volver a experimentar con fórmulas que la historia ya se encargó de desmentir. El futuro del campo peruano dependerá de cuál de esos caminos decida seguir.