La criminalización de la minería informal

A estas alturas es evidente que, durante la administración Vizcarra, no se producirá una reforma de todo el andamiaje legal que se levantó durante el pasado gobierno nacionalista —en la gestión de Manuel Pulgar Vidal en el Ministerio de Ambiente (MINAM)—, que explica el fracaso en la formalización de más de 400,000 mineros artesanales. Como hemos informado, el gobierno de PPK continuó y profundizó esta legislación excluyente y el gobierno de Vizcarra sigue en lo mismo.

Quizá la continuidad de estos yerros legales se explique porque el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, también ejerció el mismo cargo en el tiempo en que Pulgar Vidal impulsó los decretos legislativos que causaron llevado al fracaso en la formalización. Y quizá también por los nexos de Villanueva con esa lógica se ha nombrado a Lenin Valencia como director general de Formalización Minera del sector Energía y Minas. Como se recuerda, Valencia integró la comisión del plan de gobierno de Tierra y Libertad y también trabajó en la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, animada por Pulgar Vidal.

Al respecto vale señalar que Lenin Valencia es el principal promotor del proyecto —que el Ejecutivo está consultando con diversos sectores— que propone trasladar las funciones de las direcciones regionales de minería (DREM) de las gobernaciones al Organismo de Evaluación y Fiscalización (OEFA) del MINAM. La propuesta de Valencia, pues, se inclina por más sanciones y multas para los mineros artesanales, en vez de una política de Estado a favor de la formalización minera. Así se parece señalar que han fracasado las DREM y no la legislación ineficiente y excluyente. No hay reforma legal que hacer, solo hay que seguir criminalizando las actividades de los mineros informales. ¿Hacia dónde enrumbaremos con esta filosofía?

Antes de seguir reflexionando, vale precisar que nadie en su sano juicio puede apoyar a la minería ilegal, que se desarrolla en parques nacionales y reservas ecológicas, zonas en las que se prohíbe expresamente cualquier actividad minera. La mayoría de mineros informales ejerce sus actividades en la costa y la sierra, sobre todo en la minería de socavón. Dicho esto, ¿por qué no es exagerado hablar de fracaso de la formalización minera? Se calcula que solo 5,000 mineros artesanales tributan al Estado, de un total de 400,000. Igualmente se calcula (por los volúmenes de producción mensual) que desde el 2012 hasta la fecha se han exportado US$ 15,000 millones en oro a través del contrabando.

Desde la legislación excluyente del nacionalismo, 70,000 mineros artesanales —de un total de 400,000— expresaron su voluntad de formalizarse, pero solo 30,000 pasaron la etapa de saneamiento legal y únicamente 113 lo logró. Desde la administración PPK, con el nuevo Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), se habla de más de 55,000 mineros artesanales en proceso de formalización y 1,452 formalizados. Sin embargo, en el total de formalizados se incluye a los integrantes de una persona jurídica como si fuesen unidades independientes. Por ejemplo, 700 integrantes de una cooperativa minera. Frente al número de mineros artesanales el fracaso resulta incuestionable.

¿Por qué el fracaso? Por ejemplo, en el Decreto Legislativo N° 1336 se exige que un minero artesanal para formalizarse debe presentar las declaraciones anuales de los últimos cinco años, el cálculo de las reservas probadas de mineral y los contratos de explotación y los documentos de la persona individual o jurídica. ¿Qué minero artesanal informal podría presentar estos requisitos exigidos a la mediana y gran minería? La legislación, pues, está redactada para excluir.

Ante el fracaso de la formalización se crea una tenaza en contra del minero artesanal: por un lado, las ONG ambientalistas de la izquierda desarrollan diversos relatos contra los mineros artesanales, culpándolos de todas las desgracias ambientales y otras lacras sociales. De otro lado, entidades como la OEFA y la SUNAT buscan imponer sanciones, multas y embargos, y promover interdicciones y persecución penal en contra de los pequeños mineros. En otras palabras, se pretende criminalizar las actividades de los mineros artesanales.

En este escenario perdemos todos. Pierde el Estado, porque el fracaso de la formalización no permite incrementar la recaudación en un sector vital; pierde el medio ambiente, porque con informalidad generalizada es imposible fiscalizar; y también pierden los mineros artesanales. Y los únicos que ganan son los sectores antisistema que se proponen representar a un vasto y poderoso sector social de pequeños empresarios capitalistas ante la evidente exclusión. Extremadamente peligroso.