El relevo de José Salardi del Ministerio de Econom&iacu...
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el canon distribuido en el 2018 fue 70% mayor que el año anterior. Pablo de la Flor, gerente general de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), ha señalado que la minería, en los últimos 10 años, ha aportado más de S/ 41,000 millones al país por este concepto. Un monto que se distribuye en regiones, municipios provinciales y distritales, y universidades.
En Áncash, por ejemplo, en 2018 las universidades nacionales Del Santa y Santiago Antúnez de Mayolo recibieron S/ 27 millones. En Arequipa, la universidad San Agustín recibió S/ 26.5 millones. De otro lado, se prevé que con el proyecto Quellaveco (Moquegua), el canon de la región se duplicará, aumentando los presupuestos de las municipalidades.
Por esa razón, según el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, el presidente Martín Vizcarra debería hacer todos los esfuerzos para convencer a los nuevos gobernadores regionales acerca de la importancia de la minería. Velarde también sostiene que, así como Vizcarra se encargó de destrabar el proyecto Quellaveco, de la misma manera los nuevos gobernadores deberían promover inversiones para concretar las obras prometidas durante la campaña electoral.
Según un Reporte del BCR del 2011, el MEM estimaba que 26 proyectos mineros estaban en procesos de exploración o en trámite del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Por ese entonces se consideraba que todos esos proyectos en camino, cada uno de ellos con inversiones superiores a US$ 200 millones, elevarían la producción de cobre de un millón de toneladas a 4.8 millones en los siguientes cinco años. Y no fue así. Durante el quinquenio del presidente Ollanta Humala (2011-2016) se impuso el estribillo “agua sí, oro no” deteniéndose las inversiones en el cinturón de cobre del norte del país. El Perú perdió sus posibilidades de seguir creciendo y continuar reduciendo pobreza a gran velocidad.
Con el humalismo, la producción de cobre solo alcanzó 2.5 millones de toneladas. De los 26 proyectos considerados en el Reporte del BCR, solo cinco —Las Bambas, Ampliación de Cerro Verde, Toromocho, Constancia y La Arena (- Fase I)— han ingresado a su etapa productiva. Los 21 restantes están detenidos por los conflictos violentos generados por los antimineros, por la pasividad del Estado al asumir sus responsabilidades ante las inversiones y por la tramitología que retrasa los expedientes en los ministerios, dependencias regionales, gobiernos locales y decenas de entidades públicas. Una encuesta, también del BCR, señala que los proyectos mineros están detenidos por conflictos sociales (21%), viabilidad técnica (20%), financiamiento (19%) y la denominada tramitología (18%). La encuesta confirma la triste realidad del sector minero.
De acuerdo a los recientes resultados electorales regionales, la izquierda antisistema, antidemocrática y antimercado, se estaría consolidando claramente en tres regiones: Junín, con el radical Vladimir Cerrón (Perú Libre); Puno, con el dirigente aymara Walter Aduviri, y en Arequipa, con el antiminero Elmer Cáceres, denunciado además por delitos contra el honor sexual. En regiones como Cajamarca —víctima por ocho años de políticas antimineras y de corte socialista, impulsadas por las autoridades anteriores— los electores decidieron detener el continuismo que casi destruye totalmente a la región. En otras regiones mineras, como Cusco y Áncash, las autoridades elegidas son consideradas moderadas, según amplios sectores de la población y los actores económicos.
Tal como sostiene Julio Velarde, el presidente Vizcarra está obligado a acompañar a las autoridades locales y regionales, buscando consensos en la población para impulsar las inversiones mineras que reducen la pobreza, el desempleo y la informalidad. El cobre es una bendición, no una maldición.
COMENTARIOS