La ausencia de flexibilidad laboral como enemiga del modelo

Uno de los mitos que han creado las izquierdas es que las reformas económicas de los noventa crearon un sistema de capitalismo salvaje en el que se eliminaron todos los derechos laborales. Una mentira de principio a fin. En realidad, uno de los grandes problemas de las reformas de entonces y del modelo actual en el Perú es que no se estableció un régimen de flexibilidad laboral –a semejanza de todos los países desarrollados que han alcanzado el pleno empleo–que se convierta en la contraparte natural de la desregulación de precios y mercados establecidos en los noventa.

He allí la principal explicación de que dos tercios de los empleos en el Perú son informales o tienen un nivel de informalidad. En el estudio de Miguel Jaramillo (2004) sobre “Regulación del mercado laboral” se establece que los beneficios de los trabajadores (los costos no salariales) sobre el sueldo bruto pasaron de un 48% al 63% en el año 2000. ¿De dónde entonces viene el relato acerca de la desprotección de los trabajadores?

Por otro lado, el Tribunal Constitucional estableció que ante el despido arbitrario el trabajador podía exigir la reposición en el puesto antes que la indemnización. Es decir, una forma de estabilidad laboral absoluta. Todos estos hechos nos señalan que la legislación laboral peruana es una con nítidos rasgos socialistas, colectivistas, motivo por el cual se considera –en diversos rankings mundiales– entre las diez más sobrerreguladas del planeta.

La sobrerregulación laboral y la declaración de derechos y beneficios laborales al margen de la productividad de las empresas, de una u otra manera, proviene de la narrativa marxista que nos señala que la empresa privada solo se dedica a extraer la plusvalía de los trabajadores. Una fábula que persiste y nos señala que solo los trabajadores crean el valor y la riqueza de una sociedad; no obstante que en los ex países de la Unión Soviética se expropiaron todas las empresas, y “las fábricas en manos de los trabajadores” se convirtieron en las mayores fábricas de pobreza de la humanidad.

La sobrerregulación de la legislación laboral, pues, corresponde a un modelo basado en empresas estatales, a los países socialistas. De allí que, muy por el contrario, los países que consagran la plena flexibilidad laboral –tales como Hong Kong, Singapur, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia– suelen acercarse al pleno empleo; mientras que los países con sobrerregulación generalizan la falta de empleo y altos niveles de informalidad. Asimismo, vale señalar que, paradójicamente, todos los trabajadores de los países con legislaciones laborales sobrerreguladas sueñan con migrar a los Estados Unidos y los países desarrollados.

Una de las grandes fallas del modelo económico peruano, pues, siempre estuvo en la falta de una reforma que consagre la flexibilidad laboral, a semejanza de los países desarrollados. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el Perú como una sociedad de ingreso medio tiene un nivel de informalidad 20% superior al que le corresponde. Semejante estado de cosas tiene que ver con la rígida legislación laboral.

Sin embargo, el predominio de las narrativas de la izquierda, de una u otra manera, genera la impresión de que el país sigue la llamada “Agenda 19”, programa laboral de Pedro Castillo que pretendía colectivizar las relaciones laborales como paso previo de las expropiaciones en la economía. Allí está el Bono Extraordinario para el Trabajador Agrario (BETA) que establece que los salarios en el agro sumarán un 30% sobre la remuneración mínima vital nacional. Una barbaridad económica que explica la pérdida de 100,000 empleos mensuales en el sector moderno de la agricultura, un despropósito que el Congreso no se atreve a derogar.

En síntesis, una esquizofrenia económica: legislación laboral socialista y desregulación de precios y mercados para fomentar la inversión privada. Una ecuación absurda e imposible.