Izquierda ataca producción petrolera

Según informó la Red de Comunicaciones Regional (RCR), el 14 de abril pasado un grupo de comuneros del distrito de Villa Trompeteros (Loreto) atacaron a los trabajadores del Lote 8 y a los policías que resguardaban las instalaciones. Asimismo, bloquearon los accesos, tanto pluvial como aéreo, de las operaciones del pozo concesionado a la empresa Pluspetrol.

No obstante la confirmación de la noticia de dos policías y nueve trabajadores heridos por disparos de perdigones, las autoridades del Ministerio del Interior señalaron que luego del ataque no se registró rehenes, heridos ni víctimas mortales. Este nuevo incidente, de extrema gravedad, afecta a la seguridad energética del país (se dejó de producir 5,000 barriles de petróleo por cada día de paralización), el servicio de electricidad a la población, y la paz y el orden constitucional del Perú.

No es la primera vez que sucede este tipo de acciones vandálicas en contra de la producción de petróleo en la selva amazónica, pues el Oleoducto Norperuano es boicoteado constantemente con daños a sus tuberías. Los autodenominados dirigentes y supuestos asesores —que pretenden extorsionar a la empresa, tal como ocurre en el caso de la mina Las Bambas— organizan las paralizaciones de las actividades petroleras de manera violenta para exigir que se cumplan sus “demandas”.

Es cierto que en muchos casos los reclamos de las comunidades son justificados por la falta de agua potable, corriente eléctrica, vías de comunicación, escuelas y postas médicas, y por otras necesidades de los pobladores que no son atendidas por las autoridades del Estado y de los gobiernos locales y regionales. Sin embargo, los pobladores, orientados de manera equivocada por los extremistas, asumen que las empresas privadas deben hacerse cargo de las demandas que son de responsabilidad del Estado.

Harrison Pinedo, presidente de los Trabajadores Petroleros Asociados de Loreto, señaló que la región Loreto quedaría estancada si continúan los atentados en contra de las actividades del sector petrolero, y que la ausencia del Estado incentiva los conflictos sociales. Al respecto, según su plan al 2023, Petroperú se propone producir 100,000 barriles diarios. Un objetivo difícil de cumplir por el constante boicot organizado por supuestos dirigentes que están abiertamente vinculados a las ONG marxistas de derechos humanos y ambientales.

No sabemos si los delitos cometidos en Trompeteros han sido denunciados, como corresponde, en el Ministerio Público. Lo que sí sabemos es que si se aprueba el proyecto de ley para amnistiar a los violentistas que presentará el congresistas izquierdista Richard Arce, de Nuevo Perú (NP), quedarán impunes todos los delitos relacionados con la extorsión, bloqueo de carreteras, destrucción de la propiedad pública y privada, accesos pluviales y aéreos y, sobre todo, aquellos en contra de la salud y la vida de las personas.

El sabotaje a las actividades petroleras, como a otras actividades productivas, también está en el Congreso de la República. Por ejemplo, el proyecto de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) ha sido atacado por los congresistas de NP y del Frente Amplio (FA), según ellos porque atenta contra las áreas naturales y reservas protegidas que se pretende establecer en el mar del norte peruano. Un argumento falso, porque en los casi 60 años de actividad petrolera en el mar no existe ni el 1% de contaminación de la masa de agua. Los congresistas de la izquierda obvian las informaciones científicas del Instituto del Mar Peruano (Imarpe) y de la capitanía de puertos: la buena salud de la biomasa de anchoveta, cerca de 11 millones de toneladas, resulta 35% mayor que el promedio de los últimos 25 años.

Queda claro, entonce, que existen grupos organizados vinculados a la extrema izquierda están intentando por todos los medios paralizar las actividades económicas del país con propósitos subalternos y políticos.