Inversión privada para agua potable

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, en su presentación en el Congreso de la República el pasado 2 de mayo, argumentando que el agua es un derecho de todos los peruanos, señaló que el Gobierno de Martín Vizcarra se ha propuesto alcanzar en los próximos tres años una cobertura de acceso al agua del 85% en los sectores rurales y de 100% en los sectores urbanos.

Según indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2016 el 32.9% de la población, un aproximado de 10.36 millones de personas, no tenía acceso al consumo de agua potable. Asimismo, otros indicadores de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) nos indican la gravedad del problema: 8.7 millones de personas no tienen servicios de alcantarillado en sus viviendas y 7 de los 25 departamentos del país tienen un 95% de cobertura de agua potable.

La situación se torna dramática si consideramos que 142 obras de agua y saneamiento —que suman una inversión de S/ 1,159 millones— están paralizadas debido a que más de la mitad de los proyectos presentan deficiencias en los expedientes técnicos o son bloqueados por la tramitología existente en el Estado.

Está claro que el estatismo en agua potable y saneamiento castiga a los más pobres del país. Un informe de la asociación Contribuyentes por Respeto asegura que de las cincuenta Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) que existen en Perú, el 54% deja de facturar más del 40% del agua distribuida y el 51% no trata de ninguna forma las aguas residuales. Es decir, las EPS son un fracaso total, sin capacidad financiera ni técnica para emprender los nuevos proyectos de agua potable y saneamiento que el país necesita.

La situación del agua y de los servicios de saneamiento debe revertirse con la participación de la inversión privada. Sin embargo, a contracorriente de esa idea, en el Congreso de la República se ha modificado el Decreto Legislativo N° 1280, que buscaba promover la inversión privada para modernizar la gestión de las EPS. Por la Ley N° 30672 —aprobada en el Congreso de la República en setiembre pasado por Fuerza Popular, Frente Amplio y Nuevo Perú— las APP solo podrán invertir en proyectos de tratamiento de aguas residuales, y no en proyectos vinculados a la construcción de plantas y redes de agua potables. Restricción sin sentido sabiendo que, según Afin, la brecha de infraestructura en el sector agua y saneamiento, asciende a más US$ 16,000 millones.

La modificación, entonces, del Decreto Legislativo N° 1280 va en contra de la población y, sobre todo, de los más pobres. Los indicadores muestran claramente que el país necesita con urgencia plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales, con sus respectivas redes de distribución y recolección. Terrible realidad ocasionada por la falta de inversiones y por el manejo irresponsable de cada EPS, que se han convertido en la caja chica de los gobiernos locales y en proveedoras de puestos públicos para devolver favores políticos.

Si el Ejecutivo se ha propuesto expandir los servicios de agua y alcantarillado en el país, es de suma urgencia concesionar las EPS a inversionistas privados para mejorar la gestión y los servicios a la comunidad. Para conseguir ese objetivo es incuestionable que los precios del agua deben regirse por criterios de mercado. El Estado ha fracasado en proveer agua, es hora que la sociedad y los privados resuelvan el problema.