¿Hasta cuándo la informalidad laboral?

En el Perú más del 75% de la fuerza laboral está en situación de informalidad. Es decir, no forma parte de ningún sistema de protección social (salud y pensiones). Si bien la informalidad laboral tiene ver con diversos factores —como la informalidad general de la economía, un sistema tributario disperso y fragmentado, una baja productividad (en el país casi no hay medianas empresas)— resulta incuestionable que la legislación laboral es una causa fundamental del desamparo de los trabajadores.

En el Perú los costos laborales de contratar un trabajador pueden sobrepasar el 50% del salario, mientras que en Estados Unidos apenas llegan al 15%. La diferencia: en el Perú la informalidad lo ahoga todo, mientras que los trabajadores estadounidenses suelen elegir el trabajo que más les acomoda. Paradójicamente en el país con más legislación laboral procapitalista, el trabajador es el rey.

Una de las principales causas de la informalidad en el Perú proviene de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que permite la reposición en el empleo del trabajador despedido, en vez de la correspondiente indemnización. Semejante fallo ubica al Perú entre los diez países del planeta con legislaciones más sobrerreguladas y con los costos más altos en contrato y los despidos. Según el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial (2017-2018), el Perú está en el lugar 129 de un total de 137 países en cuanto a rigidez en contratos y despidos.

Detrás de la mencionada decisión del TC parece subyacer una profunda vocación anticapitalista y anti empresarial, porque se pretende premiar a los despedidos. En una economía de mercado, los trabajadores pierden su trabajo porque son ineficientes o porque la empresa debe ajustar sus costos para incrementar productividad y competitividad. En todas las sociedades en que se ha alcanzado cifras adecuadas de empleo y buenos salarios, la legislación suele proteger a los empresarios, a los inversionistas, quienes arriesgan capital y crean empleo. Únicamente en las sociedades colectivistas el trabajador es protegido por encima de la productividad y competitividad empresarial.

La experiencia mundial demuestra con absoluta claridad que a mayor flexibilidad laboral las empresas crecen en productividad y, por lo tanto, la oferta de empleo mejora significativamente y los salarios suben. Por ejemplo, los informes de la Fundación Heritage señalan que Hong Kong y Nueva Zelanda tienen las legislaciones laborales más flexibles, por lo que han logrado tasas de desempleo de apenas 3%. Otro campeón de la flexibilidad laboral y la normatividad proempresarial es Estados Unidos, con una tasa de desempleo de alrededor del 5%.

En Europa los vientos reformistas en la legislación laboral también empiezan a soplar fuertemente en los últimos años. En Alemania, Dinamarca y Holanda, las reformas laborales de los últimos años facultan a las empresas a cancelar convenios colectivos y disminuir determinadas condiciones laborales cuando la economía ingrese a etapas recesivas o de desaceleración. Los resultados son predecibles: en Alemania el paro está en alrededor de 4%, en Dinamarca en cerca de 4% y en Holanda en 6%. Los países europeos con mayor rigidez laboral —como Francia, España, Grecia e Italia— tienen las tasas más altas de desempleo en la zona europea: entre 20% y 10%.

En este contexto es difícil entender por qué el Ejecutivo y el Congreso no amplían hasta hoy la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), que establece un régimen laboral más flexible para el agro, atendiendo a la estacionalidad de la producción agrícola. Sorprendentemente, la legislación laboral agrícola está más cerca de la normatividad de los países desarrollados, que han logrado productividad y altos salarios. Los resultados son incuestionables: en dos décadas se ha reducido la pobreza rural de la costa de 67% de la población a 19%, el promedio de los salarios de los trabajadores agrarios está en S/ 1,500 (más que la RMV oficial) y las exportaciones agrícolas se dispararon de US$ 644 millones en el 2001 a US$ 5,925 millones en el 2017.

¿Cómo, pues, entender el temor de los políticos y las autoridades a abordar la reforma laboral?