Gobierno: gas barato por popularidad

El Gobierno de Martín Vizcarra se está desentendiendo de la crisis energética que atraviesa el país. Sin un plan de mediano y largo plazo, seguimos importando petróleo por US$ 5,500 millones al año, en lugar de enfrentar la situación en el Marañón y en el mar del norte del Perú, zonas con potenciales inversiones en petróleo que no se concretan. Sin una Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), las inversiones seguirán restringidas, creando oportunidades, por ejemplo, para el contrabando de gas en el sur y para el proyecto de Evo Morales, presidente de Bolivia, que pretende vender balones de gas subsidiado a las regiones del sur.

Semanas atrás, Morales anunciaba la exportación de gas a Puno y Moquegua, después de haber sostenido conversaciones con los gobernadores regionales de Puno, Walter Aduviri, y de Moquegua, Zenón Cueva. Lo que parecía un simple proyecto difícil de concretar (porque los gobernadores regionales no están facultados para firmar convenios comerciales con países extranjeros) se está convirtiendo en una realidad.

El Gobierno de Vizcarra, incapaz de generar alternativas, se rinde a la estrategia boliviana revelando el fracaso del Estado. Para el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la intervención de la empresa estatal Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB) en territorio peruano es positiva. YPFB no solo planea vender balones de gas, sino masificar la distribución de gas en Puno, Cusco, Moquegua, Tacna e incluso en Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac y Ucayali. El ministro del sector Energía y Minas en el Perú, Javier Ísmodes, ha destacado esa posibilidad y, además, la construcción por parte de YPFB en Ilo (Moquegua) de una planta de almacenamiento de diésel, gasolina y crudo. Es decir, el país está abdicando de sus posibilidades de explotar sus recursos naturales para hacerle frente a una potencial crisis energética.

Sin una LOH se reducen las posibilidades de encontrar áreas con recursos por explorar, como serían los yacimientos de gas existentes en Madre de Dios, Ucayali, en la zona del Ene e incluso en Cusco, en Camisea. Yacimientos que podrían resolver la situación energética negativa del país sin necesidad de comprar gas subsidiado, que podría terminar en organizaciones mafiosas que reenvasarán el gas boliviano para venderlo a los precios del mercado nacional.

Así como el Ejecutivo de Vizcarra estaría “acelerando” los convenios comerciales con Bolivia (para mantener su popularidad con gas barato de procedencia boliviana), así también debería buscar que el Congreso acelere las modificaciones y la aprobación de la nueva LOH para concretar inversiones. El sector energético del país no puede depender de otros países. En el territorio nacional existen 18 cuencas con enormes potenciales de hidrocarburos y solo se explotan cuatro.

Se prevé que en mayo o junio la nueva LOH debería estar aprobada en el Congreso con los cronogramas establecidos. La urgencia de las cosas no solo tiene que ver con la coyuntura con Bolivia, sino también con el hecho de que si el Perú no relanza sus inversiones en hidrocarburos perderá varios puntos de competitividad en su economía.

Vistas así las cosas, la sensación de que el Gobierno central abandona la administración del territorio nacional se hace evidente. No solo se trata del gas. En Puno, por ejemplo, el gobernador Aduviri se opone a las inversiones en litio, mientras que en Bolivia se acaba de firmar un acuerdo con una empresa alemana para producir baterías de litio. Y por si fuera poco, en la selva 24 funcionarios del Estado acaban de ser retenidos porque las autoridades suspendieron el viaje a la zona. Terrible sensación, y desconcertante en un jefe de Estado con alta popularidad.