Gobierno de Vizcarra de espaldas a formalización minera

Ha trascendido que en el Ejecutivo se está consultando con algunas entidades especializadas y diversas ONG un proyecto de ley sobre formalización minera, elaborado en el sector Energía y Minas, que expresaría la filosofía del actual Gobierno. Sin embargo, al parecer, no hay nada nuevo bajo el sol. De alguna manera la administración del presidente Vizcarra pretende poner el acento en la “fiscalización del proceso de formalización” en vez de derogar la legislación que excluye a los mineros artesanales de la formalidad, que se promulgó cuando Manuel Pulgar Vidal era titular del Ministerio de Ambiente (Minam), durante la administración nacionalista.

En el proyecto gubernamental se entrega al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Minam la facultad de fiscalizar las actividades de la minería artesanal, y no a las direcciones regionales de minería (DREM) de los gobiernos regionales. En este portal hemos venido denunciando que al interior del Gobierno vizcarrista existe un ala que pretende empoderar al Minam, colonizado por el ambientalismo extremista, que puede afectar los procesos de formalización e inversión. Por ejemplo, el traslado del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) de la Presidencia del Consejo de Ministros al Minam ha creado un problema con el acuerdo de libre comercio Perú-Estados Unidos.

Pero lo más grave de todo es que la OEFA y la SUNAT han sido dos entidades que han priorizado las multas, los embargos, las pérdidas de dominio y las interdicciones sobre los mineros artesanales, antes que fomentar una política de formalización. Si la OEFA fiscaliza la minería artesanal, en vez de las direcciones regionales la criminalización de los productores artesanales, la informalidad seguirá avanzando sin control. En el mencionado proyecto, por ejemplo, se establecen multas hasta por 5,000 UITs (S/ 21 millones). En otras palabras sanciones que enviarían a la quiebra total a cualquier minero artesanal.

Lo más grave de todo es que el proyecto del Ejecutivo, de alguna manera, considera que la legislación actual es buena y que todo el problema se debe a la mala voluntad de los mineros artesanales. En otras palabras, con fiscalización el asunto se resuelve. Terrible error. Basta recordar que durante el nacionalismo se promulgaron nueve decretos legislativos que se convirtieron en una muralla infranqueable para los mineros artesanales. De otro lado, durante el Gobierno de PPK, se promulgó el DL 1336, que señala que un minero artesanal para formalizarse debe presentar las declaraciones juradas anuales de los últimos cinco años, los contratos de explotación, el cálculo de las reservas probadas y el respectivo RUC de la persona individual o jurídica que desarrolla la actividad. ¿Qué minero artesanal cuenta con los mencionados requisitos, que se exigen a la mediana y gran minerías?

Es evidente que con semejante legislación la formalización minera tenía que fracasar. Por ejemplo, hasta la administración PPK, de un total de 400,000 mineros artesanales solo 70,000 firmaron una declaración de compromiso para iniciar el proceso, 30,000 pasaron a la etapa de saneamiento físico legal y apenas 113 se formalizaron. Luego se creó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y hoy se habla de que existen 55,665 mineros artesanales en el proceso y 1,452 formalizados. El problema: una cooperativa de 700 socios en vez de considerarse una persona jurídica formalizada pasa como 700 en la formalidad.

Cualquiera sean los números y el ángulo de enfoque, la formalización minera en el Perú es un fracaso total. Una visión optimista nos lleva a señalar que de 400,000 mineros artesanales solo 5,000 tributan al Estado. En el país se producen entre 3,000 y 5,000 kilos de oro mensuales y se calcula que desde el 2012 a la fecha se ha exportado US$ 15,000 millones como contrabando. El Estado, pues, se convierte en el gran perdedor con la informalidad. Pero también el medio ambiente, porque nadie puede fiscalizar la informalidad.

Sin embargo, uno de los hechos más graves es que los diversos proyectos antisistema pretenden liderar las reivindicaciones de este vasto sector pro empresarial y proinversión, y sumarlos a su lucha en contra de la democracia y la economía de mercado. Es hora de reaccionar.