Fuego cruzado contra ley de promoción agraria

No se entiende cómo, hasta la fecha, el Congreso de la República no extiende la vigencia de la Ley N° 27630, Ley de Promoción Agraria, promulgada el año 2000 y que rige hasta el 2021. Una ley que ha permitido formalizar el empleo temporal y reducir la pobreza en el agro, y que ahora está siendo demonizada por la izquierda con una serie de relatos cuyo fin es impedir la ampliación del plazo. Es más, a entender de este portal, la Ley N° 27630 debería ser la base de toda la reforma de la legislación laboral en el Perú.

La mencionada Ley otorga beneficios tributarios y laborales a las actividades agroindustriales y avícolas. Establece que las empresas agrícolas pagarán una renta anual del 15% y la recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas. Y sobre los beneficios laborales, la Ley establece que los trabajadores tendrán un jornal diario, en el que se incluye la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones por Fiestas Patria y Navidad, vacaciones remuneradas por quince días, indemnizaciones por despido arbitrario, aporte al seguro equivalente al 4% de su remuneración mensual, derecho a sindicalizarse libremente y jornadas de ocho horas diarias y 48 horas a la semana.

El Proyecto de Ley N° 508/2016 —del congresista Hernando Cevallos Flores, del Grupo Parlamentario Frente Amplio—, que modifica el Artículo 7 de la Ley N° 27630, pretende eliminar la vigencia de la Ley. Y de la misma idea es la ex congresista, Ana Jara Velásquez, quien en representación del Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú, en el Proyecto de Ley 139/2011-CR, propone lo mismo. Vale anotar que tanto el Proyecto de Ley 695/2016-CR —del congresista Clayton Galván Vento, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular— y el Proyecto de Ley 41/2016-CR, del congresista Elías Rodríguez Zavaleta, de la Célula Parlamentaria Aprista, entre otros, proponen 30 días de vacaciones remuneradas.

No se entiende cómo la mayoría fujimorista (prosistema y promercado) no impulsa la extensión de la vigencia de una ley que puede servir, además, como un instrumento ejemplar para otros sectores industriales donde, por la naturaleza de las actividades, la mano de obra no es constante y no puede ser contratada por tiempo indefinido; es decir, donde los empleos son por plazo fijo o temporales. No se entiende dónde quedó el espíritu innovador y reformista de la bancada fujimorista que, por ser mayoría y dejando de lado sus veleidades populistas, no demuestra firmeza para extender la Ley hasta el año 2050, como solicitan los productores agrarios.

Vale recordar que, según la Asociación de Exportadores, en el año 2014 las ventas por exportaciones alcanzaron los US$ 3,000 millones, mientras que en el 2015 ya se duplicaban. Y de acuerdo a un reporte de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), el empleo formal tuvo un notable crecimiento entre los años 2004 y 2014: de 433,000 empleos se llegó a 822,000 empleos. Cifras que hablan por sí solas y que deben ser tomadas muy en cuenta en el Congreso de la República.

No existe la menor duda de que el despegue del sector agrario es consecuencia directa de la Ley de Promoción Agraria, ni de que esta ley permite que las empresas del sector contraten formalmente a los trabajadores de manera temporal, atendiendo la naturaleza particular de la actividad productiva. Por ejemplo, en momentos de las cosechas y siembras, y en la organización de exportaciones por entregar.

Está claro que el 70% de trabajadores informales del país podría encontrar una ruta hacia la formalidad si se generalizan los principios laborales de la Ley 27630. Nadie entiende entonces las dudas del Legislativo en consolidar la legislación agraria del país.