¡Extender ya la Ley de Promoción Agraria!

Un informe de Apoyo Consultoría señala que entre el 2004 y el 2017 la pobreza en el campo se redujo de 81.3% a 38.3% (43 puntos) y que la formalidad laboral se elevó del 16% al 25%. Cifras bastante significativas y que convierten al sector agrario en modelo para otros sectores económicos. Asimismo, las inversiones de 3,000 empresas en este sector —entre pequeñas, medianas y grandes— han representado alrededor de US$ 10,000 millones. Capitales que han servido para ampliar nuevos territorios cultivables, tecnología, equipos, maquinaria y, sobre todo, en generación de empleos: de 500,000 a casi 800,000 nuevos empleos directos con contratos formales, con todos los beneficios correspondientes. Todo ese desarrollo social y económico alcanzado, como nunca antes en Perú, tiene una de sus principales explicaciones en la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27630) que ha permitido que, en menos de quince años, las exportaciones se eleven de US$ 1,077 millones a US$ 5,795 millones.

Sin embargo, las idas y venidas del Ejecutivo de Martín Vizcarra hacen peligrar todos los avances experimentados en el campo. Por ejemplo, primero se anunció que en el pedido de facultades para legislar —luego de la presentación del premier César Villanueva en el Congreso de la República— se incluía la extensión de la Ley de Promoción Agraria por 21 años más. E incluso que los beneficios de esa Ley también servirían para impulsar al sector forestal y acuífero. Poco después, el Ejecutivo ha retrocedido: el presidente Vizcarra decidió dejarlo todo a la voluntad de los congresistas en el parlamento.

En el Congreso existen cuatro proyectos de ley que plantean modificaciones con el fin de anular la Ley N° 27630. Es decir, a la luz de todo lo avanzado en el sector agrario, ni el Ejecutivo ni el Legislativo reconocen la importancia de esta Ley en la formalización del empleo y la reducción de la pobreza en distintas regiones del país. En Ica, por ejemplo, donde la agroindustria se ha desarrollado tremendamente, la mayor parte de los trabajadores ha elevado considerablemente su nivel vida e incluso se han convertido en sujetos de créditos, y la prosperidad ha alcanzado a sus familias. Ica es la región del país con el más bajo nivel de pobreza.

No existe en el Ejecutivo una contundente decisión de extender la Ley más allá del 2021, como lo han solicitado distintos gremios empresariales como la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Asociación de Exportadores (ADEX), Sociedad Nacional de Industrias (SIN), Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX). Tampoco de que la Ley pueda trasladarse a otros sectores industriales, como el de confecciones y textil, que ha mostrado en el primer trimestre del año una significativa recuperación respecto a los años anteriores. Por el contrario, detener la vigencia de la Ley ocasionaría enormes retrocesos. De acuerdo al Instituto Crecer, se congelarán US$ 3,500 millones en inversiones calculados al 2015. Y según COMEX, el empleo formal y directo de 252,000 trabajadores peligraría.

No sabemos si la marcha atrás del Ejecutivo se explica por el titular mal intencionado del diario La República, que señala que los sueldos de los trabajadores del sector agrario son de hambre, cuando los reportes más serios del país indican que el promedio del salario en la agricultura moderna sobrepasa los S/ 1,400. Es decir, más que la remuneración mínima vital. Al respecto, el lobby anti mercado del ministro de Trabajo, Christian Sánchez, es inaceptable. Ellos, por ideología, no puede imaginarse un país sin pobres, con una preponderante clase media económica, social y cultural.