El Estado burocrático como enemigo de todas las reformas

Los progresistas suelen sostener diversas aproximaciones que sintonizan con los sentidos comunes predominantes. Y califican a cualquier disidente de esos promedios como ultraderechista o extremista. Es una vieja táctica de la propaganda en el siglo XX. Por ejemplo, la afirmación acerca de que la burocracia ha detenido al Perú se recibe como una exageración ultraderechista que pretende ocultar las fallas internas del modelo de economía de mercado, que pretende velar un modelo que está condenado a ser reemplazado o corregido por el Estado.

Sin embargo, varias décadas atrás en el siglo pasado, Hayek en su soberbio texto, Camino de servidumbre, sostuvo que la burocratización de las sociedades occidentales era un camino gradual hacia el socialismo, hacia el colectivismo. Y no se equivocaba.

Sin exageraciones hoy se puede sostener que, si el Perú hubiese seguido creciendo sobre el 6% del PBI anual y reduciendo entre tres y cuatro puntos de pobreza anuales, según diversas predicciones económicas, habría llegado al 2021 con un ingreso per cápita cercano al de un país desarrollado (entre US$ 25,000 y US$ 30,000).  Sin embargo, al Bicentenario del Perú llegamos como una economía de ingreso medio y con Pedro Castillo en el poder.

¿Qué sucedió con el Perú para que se produjera semejante frenazo? Una parada descomunal desde cualquier punto de vista. El umbral del desarrollo era posible, pero luego de la pandemia y de Castillo la pobreza volvió a trepar 10 puntos y hoy se ubica en el 27% de la población.

Una respuesta aproximada a la realidad es la siguiente: en medio de la endémica crisis política del país emergió un Estado burocrático que incrementó ministerios, oficinas, aduanas, procedimientos y sobrerregulaciones; un Estado burocrático que se convirtió en el principal enemigo del régimen económico de la Constitución, que canceló el Estado empresario y la intervención en la economía, pero que no podía sostener nada sobre la sobrerregulación o los procedimientos excesivos.

El Estado burocrático, por ejemplo, ha paralizado a las inversiones mineras con sus múltiples procedimientos, y ha destruido el régimen de flexibilidad laboral en el agro, restándole gigantesca productividad a las empresas; e, igualmente, ha sobrerregulado la industria pesquera prohibiendo la pesca industrial desde la milla tres sin ninguna justificación técnica, en beneficio de las industrias de otros países. A través de los gobiernos regionales, en los últimos años, se ha gastado más del 170% de todo lo proyectado para cerrar las brechas en infraestructuras básicas; sin embargo, los déficits en agua potable, alcantarillado, postas médicas, colegios y carreteras han aumentado. Una verdadera barbarie en el gasto regional.

El Estado burocrático bloquea las inversiones privadas y se convierte en la principal explicación de la continuidad de la pobreza. Asimismo, la burocracia aleja a las unidades más pequeñas de la formalidad –por los altos costos de los servicios– y es la causa de la enorme informalidad de la sociedad y la economía.

Pero el Estado burocrático asimismo es un devorador incansable de los recursos fiscales, a través del aumento del gasto corriente y las planillas que, aproximadamente, se incrementa en 20% anual. El desarrollo del Estado burocrático –que hoy consume casi el 30% del PBI– exige aumento de impuestos y desarrolla una lógica que acaba con el sector privado, echando mano de la narrativa acerca de que el Estado es el gran redistribuidor e igualador de las desigualdades y la riqueza.

De allí que el Estado burocrático se convierta en la enorme cordillera que impide el desarrollo de una reforma del Estado; de la reforma tributaria, la reforma laboral y otras reformas claves para relanzar la economía nacional y convertir al Perú en una verdadera potencia mundial.