El cobre, la minería moderna y las amenazas al desarrollo

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, ha señalado que el 2025 el Perú producirá 2.8 millones de toneladas métricas de cobre (TMC), superando los 2.7 millones de TMC alcanzadas del 2024. Sin embargo, este pequeño incremento en la producción no nos salva de ubicarnos en el tercer lugar de producción en el mundo, luego de Chile y el Congo, no obstante que el país estuvo ubicado en el segundo lugar hasta hace un par de años.

Si consideramos que la transición energética del planeta, a través de los autos eléctricos y el desarrollo de las energías renovables, duplicará la demanda del metal rojo en el 2050, es evidente que los retrocesos, las marchas y contramarchas en las inversiones y producción de cobre en el país representan una traición al Perú, sobre todo contra los más pobres.

Una de las barbaries económicas más inexplicables es que Cajamarca suma proyectos mineros en cobre de alrededor de US$ 18,000 millones. Si se ejecutaran esos proyectos la señalada región llegaría a tener el ingreso per cápita más alto del país, desarrollaría un clúster minero con una red de servicios y manufactura no imaginados y además posibilitaría construir un tren hacia uno de los puertos de la costa. En otras palabras, Cajamarca en vez de ser la región más pobre del Perú, con 44.5% de su población debajo de la pobreza, sería una región de clases medias y con los recursos suficientes para resolver todo tipo de problemas, incluido el abastecimiento de agua y electricidad.

¿Cuáles son las razones de que el desarrollo de las inversiones de cobre se haya detenido en el país? Como todos sabemos, en las últimas décadas el Perú se convirtió en una potencia minera mundial, captando más de US$ 60,000 millones en inversiones gracias a la Constitución de 1993 y a la ley general de minería, que consagraron un sistema de propiedad que alentaba las grandes inversiones, con alta intensidad de capital y de tecnologías, con el objeto de aumentar la productividad minera y la preservación del medio ambiente. Es decir, el mismo modelo que adoptaron Canadá, Australia y Chile, tres de las grandes potencias mineras del planeta.

Sin embargo, una vez más, las izquierdas, a través de oenegés que proclamaban defender el medio ambiente, comenzaron a desarrollar relatos y narrativas que demonizaban a las empresas de la minería moderna, argumentando que representaban una amenaza para los recursos hídricos destinados al consumo humano y la agricultura. Las señaladas oenegés –a veces financiadas por los competidores externos del Perú en producción de cobre– se empató con los sectores de la izquierda radical, y la agitación y propaganda de las mentiras se multiplicó en los poblados y comunidades cerca de las minas.

De esta manera se paralizaron Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa. En la región cajamarquina se bloqueó una red de proyectos mineros (La Granja, el Galeno, Michiquillay, entre otros) que explican cómo una de las regiones con más posibilidades se convirtió en la más pobre del país. Hasta antes del gobierno de Pedro Castillo el radicalismo antiminero estuvo, como se dice, en ofensiva general.

Hoy las oenegés antimineras enfrentan una devastadora paradoja en cuanto a la supuesta defensa del medio ambiente. Ahora que la minería ilegal en oro y en cobre se ha convertido en la economía ilegal más poderosa, incluso por encima del narcotráfico, la única manera de detener una devastación ecológica del territorio nacional que puede afectar a las generaciones del mañana pasa por consolidar a la minería moderna. Es decir, por afirmar el sistema de producción minera en base a inversiones intensivas en capital y tecnologías limpias.

En cualquier caso, el Perú está llegando a la conclusión que el cobre y la minería moderna están entre los ingredientes más importantes del desarrollo y la expansión del bienestar.