El cobre de Cajamarca y el costo de una década perdida

Es difícil encontrar en el Perú una contradicción más dolorosa que la de Cajamarca: una región que alberga algunos de los yacimientos de cobre más importantes del país y que, sin embargo, mantiene a alrededor del 41% de su población en situación de pobreza, con carencias persistentes en agua potable, salud, educación y servicios básicos. Esa paradoja no es una fatalidad geográfica ni un designio histórico inevitable. Es, en buena medida, el resultado de decisiones políticas equivocadas, de instituciones que fallaron y de una campaña sostenida de desinformación que bloqueó durante más de una década proyectos que habrían transformado la vida de millones de cajamarquinos.

El punto de quiebre fue 2011 con la paralización de Conga. Desde entonces, el cinturón de cobre del norte —que incluye proyectos como Michiquillay, Galeno, La Granja y Cañariaco Norte, con una cartera potencial que supera los US$ 16,000 millones— quedó atrapado en un ciclo de conflicto, desconfianza y postergación. Mientras otras regiones mineras del país lograron expandir operaciones, atraer capital y generar empleo formal, Cajamarca se estancó, empujando a sus jóvenes a migrar. Los números de lo que pudo haber sido son elocuentes: si esos proyectos hubieran avanzado, el Perú podría estar produciendo alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas adicionales de cobre al año, con el correspondiente impacto en canon, regalías e ingresos fiscales para una región que los necesita con urgencia.

No se puede entender esa parálisis sin mencionar a las organizaciones anticapitalistas que construyeron relatos deliberadamente falsos para bloquear la inversión minera en el norte del país. Con financiamiento externo y agendas ideológicas alejadas del interés de los cajamarquinos, esas voces convirtieron proyectos con estrictos estándares ambientales y capacidad real de generar desarrollo en supuestos enemigos del agua y de la vida. El resultado de esas narrativas no fue la preservación del medio ambiente, sino exactamente lo contrario: en áreas donde los proyectos formales no avanzaron, la minería informal e ilegal ha comenzado a instalarse sin control, sin fiscalización ambiental, sin impuestos y sin empleo de calidad. El caso de Conga es el ejemplo más dramático: lo que pudo traducirse en inversión regulada y recursos para obras públicas se ha convertido en una actividad desordenada que daña suelos y fuentes de agua. La ironía es brutal y la responsabilidad es clara.

En este escenario, el proyecto Michiquillay —adjudicado a Southern Perú en 2018— representa hoy la mejor oportunidad concreta para revertir el estancamiento cajamarquino. La empresa ha demostrado, en cada etapa de su proceso de desarrollo, un compromiso genuino con la región: un enfoque de relacionamiento comunitario construido sobre el diálogo, la transparencia y el respeto a las comunidades del área de influencia. Southern Perú llega a Cajamarca con décadas de experiencia en operar proyectos mineros de gran escala en el Perú bajo los más altos estándares ambientales internacionales, con una trayectoria que la distingue de otros operadores. No es una empresa que promete y se va: es una empresa que invierte, construye y permanece.

La magnitud de Michiquillay habla por sí sola. La inversión proyectada es cercana a los US$ 2,000 millones, con una vida útil de al menos 25 años y una producción estimada de 225,000 toneladas métricas de cobre al año. Pero Southern Perú ha dejado en claro que su visión para Michiquillay va mucho más allá de las cifras de producción. El proyecto está concebido como el eje de un clúster minero que articule a proveedores locales, universidades, institutos técnicos y gobiernos subnacionales; que comparta infraestructura, optimice logística y eleve estándares ambientales en toda la región. En otras palabras, Southern Perú no propone una mina: propone una plataforma de desarrollo que puede transformar a Cajamarca en un polo productivo de clase mundial, generando decenas de miles de empleos directos e indirectos y convirtiendo el canon minero en obras reales para la población.

El compromiso de Southern Perú con Cajamarca se extiende también al plano ambiental. La empresa opera con tecnologías de punta para el manejo del agua, el control de emisiones y la rehabilitación progresiva de áreas intervenidas. Sus estándares superan ampliamente los requisitos regulatorios locales y se alinean con las mejores prácticas de la industria global. Michiquillay no es una amenaza para los recursos hídricos de la región; es, bien gestionado, una oportunidad para que Cajamarca acceda a infraestructura hídrica que hoy no tiene. La evidencia de otras operaciones de Southern Perú en el país respalda esa afirmación con hechos, no con promesas.

El desafío que queda por delante no es menor, pero sí es claro. Reactivar la inversión minera en Cajamarca exige reglas estables, una burocracia que funcione con criterio y velocidad, y mecanismos efectivos para que los beneficios lleguen a la población. Exige también que el Estado enfrente con decisión el avance de la minería ilegal, que ya empieza a ocupar los espacios que dejó la inversión formal. La PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Sunat tendrán que actuar de manera coordinada para desalojar a los operadores ilegales de concesiones formales con reservas probadas. Y el próximo gobierno tendrá que enviar una señal inequívoca: el Perú está abierto a la inversión minera responsable y tiene la voluntad de protegerla.

Cajamarca tiene el potencial para convertirse en uno de los polos mineros más importantes de América Latina. Tiene el cobre, tiene los proyectos, tiene en Southern Perú un operador serio y comprometido. Lo que ha faltado es el entorno institucional y político que permita convertir esa riqueza en prosperidad real. El costo de una década perdida ya es demasiado alto. El costo de otra lo sería aún más.