El derecho, la moral y la justicia

Un abogado penalista afirmó que «la ética no tiene nada que ver con el Derecho» y, años después, en una entrevista como candidato a la presidencia de Colombia, precisó que su declaración había sido formulada en el contexto de la filosofía del Derecho.

Uno de los problemas clásicos de la filosofía del Derecho es la relación entre moral y Derecho. La moral alude a las convicciones, valores y juicios éticos de las personas o de una comunidad en particular. El Derecho, en cambio, está conformado por normas jurídicas —de carácter imperativo, prohibitivo o permisivo— que deben ser acatadas por todos. Son fuentes del Derecho la Constitución, los tratados, las leyes, los reglamentos, los principios jurídicos, la jurisprudencia, la costumbre y la autonomía privada. El conjunto de las normas jurídicas vigentes en un país conforma su ordenamiento.

Para el positivismo jurídico, el Derecho está constituido esencialmente por normas jurídicas creadas o reconocidas conforme a procedimientos institucionales válidos. Para el iusnaturalismo, en cambio, existen principios jurídicos universales superiores al Estado y al derecho positivo. Así, por ejemplo, un iusnaturalista sostendría que todo ser humano tiene derecho a no ser torturado, aun cuando dicho derecho no estuviera expresamente reconocido por la Constitución. Un positivista, por su parte, consideraría como derechos fundamentales aquellos reconocidos como tales —de manera expresa o implícita— por el ordenamiento jurídico vigente.

Hoy en día predomina una posición relativamente ecléctica —una suerte de neoconstitucionalismo—, según la cual el Derecho no está integrado únicamente por la legislación, sino también por normas y principios jurídicos derivados de la razón práctica y de la interpretación constitucional. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los tribunales constitucionales constituye un buen ejemplo de ello, pues reconoce que el Derecho comprende no solo normas expresas —el derecho positivo—, sino también principios y valores implícitos en el ordenamiento jurídico.

Si bien lo que es inmoral para unas personas puede resultar correcto para otras, aquello que el Derecho califica como ilícito constituye una conducta jurídicamente prohibida para todos. Dependiendo de las convicciones individuales o sociales, algo puede ser legal pero inmoral, o ilegal pero moralmente correcto.

Un ejemplo frecuente es el aborto. Si la ley lo penaliza, abortar será ilícito, aunque determinadas personas consideren moralmente correcto hacerlo. Por el contrario, si el aborto es legal, otras personas podrán seguir considerándolo inmoral pese a su licitud jurídica.

Separar moral y Derecho es importante. La moral pertenece al ámbito de las convicciones personales y sociales; el Derecho, al de las reglas obligatorias que organizan la convivencia en sociedad. La moral puede variar entre individuos o grupos; el Derecho, en cambio, aspira a establecer reglas comunes y vinculantes para todas las personas sometidas a una jurisdicción determinada.

Lo justo suele entenderse como dar a cada uno lo que le corresponde. Las leyes debieran ser justas, aunque no siempre lo sean. También aquí existe un importante componente valorativo. Para algunas personas, por ejemplo, resulta injusto pagar un impuesto a la renta superior al 30%, aunque deban hacerlo porque así lo establece la ley. Sin embargo, si el parlamento elevara dicho impuesto al 75%, la corte constitucional podría declarar su inconstitucionalidad al considerarlo confiscatorio.

De modo que no todo lo que está en la ley es necesariamente justo. Precisamente por ello, los jueces constitucionales pueden declarar la invalidez de una ley cuando consideran que esta resulta arbitraria, abusiva o desproporcionada.

Una ley aprobada democráticamente por el Legislativo puede ser inmoral para unos e injusta para otros, pero mientras no sea inaplicada por los jueces o invalidada por la corte constitucional, debe ser cumplida por todos los ciudadanos.