Ejecutivo pone en peligro Tía María

El presidente, Martín Vizcarra, acaba de señalar que el permiso de construcción para el proyecto de cobre Tía María (Arequipa) se posterga. Con esa decisión se han desatado todas las alarmas anti inversión en el Perú. El objetivo nacional de relanzar la producción del cobre del país, luego de que el humalismo y la izquierda anti minera detuvieran la producción del cinturón de cobre del norte, simplemente se convierte en una interrogante. Con semejante anuncio, el mandatario empodera al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, quien se ha manifestado en numerosas oportunidades en contra del proyecto minero por carecer —según la autoridad— de la denominada “licencia social”.

El jefe de Estado ha anunciado que la aprobación del proyecto minero será trabajada con las autoridades recién elegidas. En otras palabras, en el Perú no existe Estado porque los años invertidos por Southern para sacar adelante el proyecto, aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), dialogar con la población y trabajar para construir consensos alrededor de la minería y la agricultura, no sirven para nada. Es decir, se estaría por borrar de un solo plumazo todo lo desarrollado —de acuerdo a ley— por la minera Southern Peru, para lograr la aprobación del EIA en 2014.

A nuestro entender, el extraño anuncio de Vizcarra tiene que ver con la popularidad y el temor de recuperar la autoridad del Estado en la zona. El movimiento antiminero en el sur está cohesionado, tiene espacios en diversas emisoras radiales y televisivas que generan la sensación de ser mayoría, no obstante que recientes encuestas señalan todo lo contrario.

La minera Southern, concesionaria del proyecto Tía María, cumplió con todos los requisitos que demandan las normas para obtener la licencia de operaciones. El ambientalismo ideológico, organizado alrededor de las ONG subvencionadas por intereses extranjeros, le ha declarado la guerra al cobre en el Perú para proteger intereses personales y foráneos. Asesoran a los piquetes de antimineros, desplazados en todas las zonas para azuzar en contra de las inversiones. Organizan comités de defensa, federaciones de mineros artesanales y toda clase de gremios para crear la sensación de “consenso mayoritario”.

El 20 de diciembre de 2013, cumpliendo con todos los procedimientos de participación ciudadana, en una audiencia pública realizada en el distrito Cocachacra (provincia de Islay, Arequipa), la minera Southern presentó el proyecto Tía María. Durante la evaluación se recibieron observaciones que fueron absueltas por la minera y analizadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). El proyecto cuenta con la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud, y de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú de la Marina de Guerra de Perú, y también de la población.

Una encuesta de Ipsos, de octubre pasado, señala que el 59% de los pobladores arequipeños confía en el proyecto. Otra encuesta de Vox Populi establece que solo el 2.5% de los pobladores rechaza a la minería. ¿Dónde está, entonces, la falta de “licencia social” que argumenta la izquierda antiminera?