El relevo de José Salardi del Ministerio de Econom&iacu...
Alrededor de 10 millones de peruanos no tiene acceso al agua potable. Diversos estudios señalan que la gestión de las 50 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) —empresas estatales del agua— es un fracaso total. La rotura de una tubería en San Juan de Lurigancho nos ha recordado que Sedapal viene fracasando en proveer el servicio a los limeños. Sin embargo, el presidente Vizcarra acaba de señalar que en su Gobierno no se privatizará el agua. Como si no hubiera problemas y todo marchara bien.
Desde las cifras oficiales las cosas no están tan malas para el agua potable de los limeños. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 90.1% de los capitalinos se abastece de agua de la red pública. El resto lo hace de pozo, camiones cisterna, pilones públicos y red pública fuera de la vivienda. ¿Por qué, entonces, la población reclama mejores servicios de agua potable? Las cosas parecen más largamente complicadas.
De acuerdo a datos oficiales de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), al segundo trimestre 2018 en Lima existían 1.47 millones de conexiones de agua potable. Según el VII Censo de Vivienda 2017 del INEI, en los 43 distritos de Lima existen 1.84 casas independientes. El resto son departamentos en edificio, quinta, casa de vecindad, choza, vivienda improvisada y otros. Si Sedapal informa que existen 1´47 millones de conexiones de agua potable, entonces, casi 400,000 viviendas estarían sin conexión de agua potable, de acuerdo al Censo de Vivienda mencionado. Es decir, el 20.53% no tendría acceso a agua potable. ¿Cómo, pues, se establece que el 90.1% de los limeños tienen acceso a agua potable de la red pública? Hay entonces la urgente necesidad de aclarar qué cantidad de limeños no cuentan con este servicio básico.
Sin embargo, cuando se analiza la situación de Sedapal no solo se trata de falta de conexiones de la red pública, sino que se estima que el 30% de la producción del agua se pierde por conexiones defectuosas, falta de mantenimiento y de monitoreo de las redes. Y del total de agua que se distribuye por las redes (70% de la producción) solo se factura el 50%.
Al respecto Gonzalo Prialé, ex presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), informa que el 70% de las operaciones de Sedapal ha sido subcontratada con varias empresas. No obstante, Sedapal no asume responsabilidades frente a la incompetencia de muchas de estas personas jurídicas. Ante esta situación, Prialé propone que la gestión de Sedapal sea privada e integral. “Estamos hablando de privatizar la administración y no el agua, que son cosas totalmente distintas”, precisa.
Términos más, términos, se ha llegado a un momento en que el fracaso del Estado en la gestión del agua resulta incuestionable. En la Asociación de Contribuyentes del Perú se informa que de las cincuenta EPS del país, el 54% deja de facturar más del 40% del agua que se distribuye. Es evidente, pues, que el agua potable en Lima cuesta más por el tremendo desperdicio y por la baja facturación.
La gestión privada de Sedapal que proponen Prialé y diversos especialistas se encargaría del 100% de las operaciones de Sedapal, y se dejaría de lado la subcontrata con empresas sin el capital ni la tecnología suficiente para organizar las redes de agua de los limeños. El operador privado solucionaría las fugas mediante la tecnología disponible, que detecta goteos de las redes por medio de células electrónicas en tiempo real. Asimismo, con la correcta facturación no existirían las pérdidas económicas y el flujo de recursos posibilitaría invertir en expansión y mejora de servicios. El servicio de agua llegaría a la totalidad de limeños, las 24 horas del día, con la correcta presión y con tarifas más bajas, porque más clientes pagarían sus consumos de agua.
Una vez más queda demostrado que las políticas estatistas castigan a los más pobres. En Lima y Perú, millones de peruanos carecen de agua potable o reciben servicios sin la continuidad, cantidad y calidad que se merecen. ¿Por qué entonces el presidente Vizcarra se niega a cualquier posibilidad de privatizar el servicio? Salvo la popularidad, ¿todo es ilusión?
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