Deteniendo las inversiones en petróleo

La Contraloría General de la República, por intermedio del Órgano de Control Interno (OCI), ha convalidado todo lo actuado por la empresa estatal Perupetro S.A. y por la petrolera irlandesa Tullow Perú Limited Sucursal del Perú sobre los contratos de licencia para exploración y explotación de hidrocarburos en cinco lotes petroleros (Z-64, Z-65, Z-66, Z67 y Z-68) en el mar del norte peruano. Las resoluciones de la pasada administración Kuczynski generaron toda clase de suspicacias. Hoy el OCI ha expresado claramente que se han cumplido todos los procedimientos que establece la ley y que no se ha identificado ninguna irregularidad que ponga en peligro su validez. El OCI ratifica la legalidad y la transparencia de todo el proceso de negociación. Sin embargo, las conclusiones de la Contraloría no son suficientes para el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y para un grupo de congresistas de izquierda que se han propuesto impedir la firma de los contratos con la empresa irlandesa.

El ministro Ísmodes ha dicho que “no se firma nada si antes no se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y si no se realiza un proceso de participación ciudadana”. ¿Sugiere acaso el ministro que luego del EIA se debe realizar una suerte de consulta previa? Asimismo, un comunicado de Perupetro afirma que “según las normas vigentes, el contratista —luego de la suscripción de los Contratos de Licencia— deberá tramitar los respectivos Estudios de Impacto Ambiental e Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios”. De dónde saca, entonces, el ministro Ísmodes eso de que no se firma nada si antes no se aprueba el EIA.

Por otro lado, el Proyecto de Ley Nº 2699, del congresista Hernando Cevallos, del Frente Amplio (por Justicia, Vida y Libertad) se cae frente al informe de la Contraloría que establece que no se ha encontrado nada irregular en el proceso de negociación de los mencionados contratos petroleros. Se cae, además, por su pobre argumentación técnica y legal. El proyecto de Cevallos propone derogar los decretos supremos que aprueban las resoluciones de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos negociados largamente entre Perupetro y Tullow. Cevallos también insiste en el argumento de la licencia social antes de firmar los contratos, por ser —según él— una exigencia de la población organizada. Y ya sabemos que la izquierda es campeona organizando gremios sociales de toda clase.

Los contratos entre el MEM y Tullow están amparados en el Artículo 11º de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos que faculta a Perupetro a negociar, según su criterio, directamente o por convocatoria. Según Perupetro, desde 1994 la negociación directa ha sido una constante. Esto porque Perú no es atractivo para la inversión de hidrocarburos.

Los congresistas vinculados a la izquierda y al populismo se oponen a la exploración y explotación de hidrocarburos argumentado que afectarán el entorno marino. Han aprobado un dictamen de la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) declarando como Área Natural Protegida a las zonas de la Isla Foca, el Ñuro, Los Arrecifes de Punta Sal y el Banco de Máncora, en los departamentos de Piura y Tumbes. El dictamen sostiene que la explotación de hidrocarburos y gas en el mar afectará a la flora y la fauna del mar del norte peruano. Pero la izquierda desconoce la competencia del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), la institución científica de alto reconocimiento en temas marinos y preservación de la flora y fauna. Imarpe sostiene que no se han establecido los criterios para determinar que las zonas mencionadas deban pertenecer a un área natural protegida.

Ya sabemos que Cevallos y todo el conglomerado de izquierda usará la calle para presionar al Gobierno. En sus afanes políticos, intentan detener el desarrollo social y económico del país, coordinando con los llamados sindicatos pesqueros y su agenda antiempresarial, que afecta a las inversiones e impide la lucha contra la pobreza.