Claves para una formalización de la pequeña minería

Un sector de la minería moderna no ha logrado convencer a un grupo de políticos sobre la urgencia de detener la minería ilegal. Y semejante estado de cosas se ha presentado por dos factores: porque en el mensaje solo se ha priorizado la interdicción de la minería ilegal y se ha relegado la propuesta de formalización, en momentos en que los políticos se aprestan a ingresar a una campaña electoral. El resultado: la irresponsable ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo, del sector de Energía y Minas), que se ha convertido en un escudo para las actividades de los mineros ilegales porque los excluye de las responsabilidades penales.

Si bien es verdad que algunos políticos están financiados por la minería ilegal, es evidente que el haber priorizado la interdicción aleja el entendimiento con algunos políticos para formar un frente común para detener la minería ilegal.

Planteadas las cosas así es necesario señalar que hoy la minería ilegal es la peor amenaza para el futuro del Perú, el Estado de derecho y la reducción de pobreza porque, de una u otra manera, se convierte en la causa principal de un eventual Estado fallido. La minería ilegal moviliza cerca de US$ 6,000 millones, en tanto que todas las economías ilegales (minería ilegal, narcotráfico, tala ilegal, trata de personas) suman más de US$ 10,000 millones. Y las cosas van de mal en peor porque el precio de la onza de oro sigue sobre los US$ 2,000 y la libra del cobre llegó a sobrepasar los US$ 4.

La posibilidad de un Estado fallido no es una simple elucubración. Proviene del fracaso general del Estado en la contención de la minería ilegal en la provincia de Pataz, en La Libertad. En esa provincia la continuidad del estado de emergencia no ha servido para que el Ejecutivo, las instituciones del sistema de justicia, la Policía Nacional del Perú y las fuerzas armadas contengan a la minería ilegal, que el año pasado movilizó más de 12,000 camiones que transportaban el mineral ilegal robado a las empresas formales que pagan impuestos, preservan el medio ambiente y generan empleo formal. 

Es evidente que el poder corrosivo del Estado ha bloqueado al Estado en Pataz. ¿Qué puede suceder con el Estado de derecho si el gobierno no detiene el avance de la minería ilegal?

Por todas estas consideraciones es fundamental que la minería moderna y los peruanos de buena voluntad lideren una propuesta de formalización minera que movilice a la sociedad, convenza y obligue a los políticos a aprobar una nueva Ley MAPE (de pequeña minería) que formalice a los mineros artesanales y detenga el avance de la minería ilegal.

La minería moderna y formal es el único sector que conoce en dónde están los mineros ilegales –la crisis del gobierno impide que el Estado detecte esta actividad–, que violan el derecho de propiedad establecido en la Constitución y las leyes nacionales mediante invasiones y asaltos de concesiones mineras para explotar el mineral. Se debe trazar esa línea nítida para separar a los ilegales, que cometen delitos, de los mineros informales, que carecen de los permisos y autorizaciones del Estado.

Por otro lado, esta movilización minera para la formalización minera debería establecer que la minería moderna se ejerce, principalmente, a través de la gran y mediana minerías, porque son los únicos sectores que cuentan con el capital para convocar las mejores tecnologías del planeta para incrementar la productividad en la explotación del mineral y la preservación del medio ambiente con los más altos estándares del planeta. Sobre esa base debe convocarse a la pequeña minería y la minería artesanal a un gran proceso de formalización minera.

Cualquier otro discurso, como el de los llamados mineros ancestrales, es una estratagema para que la minería ilegal siga avanzando.

Si hay una gran movilización por la formalización minera, en el acto, será posible la movilización del Estado para desalojar a los mineros ilegales que violan los derechos de propiedad en el país. En otras palabras, el éxito de la interdicción depende de la movilización nacional por la formalización.