Cajamarca: el reto de convertir la riqueza minera en desarrollo

Cajamarca resume una de las mayores contradicciones del Perú: abundancia de recursos naturales junto a altos niveles de pobreza. Alrededor del 45% de su población vive en esa condición, con limitaciones persistentes en acceso a agua potable, salud, educación y servicios básicos. Esta realidad convive con la presencia de algunos de los yacimientos de cobre más importantes del país, un mineral clave en la transición energética global.

En esta región se concentran proyectos de gran escala como Michiquillay, Conga, Galeno, La Granja y Cañariaco Norte. En conjunto, forman parte del llamado “cinturón de cobre del norte”, un corredor cuprífero con capacidad para transformar la economía local. Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas permanece sin ejecutarse pese a integrar una cartera que supera los US$ 16,000 millones en inversiones potenciales.

El punto de inflexión llegó en 2011 con la paralización de Conga. Desde entonces, Cajamarca ha enfrentado más de una década de conflictos sociales, desconfianza entre actores y falta de consensos sostenibles. Mientras otras regiones mineras lograron expandir operaciones y atraer capital, el crecimiento cajamarquino se estancó, empujando a muchos jóvenes a migrar en busca de empleo.

Si los proyectos del norte hubieran avanzado, el Perú podría estar produciendo alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas adicionales de cobre al año. Ese volumen habría significado más ingresos fiscales, canon y regalías, además de miles de puestos de trabajo formales. En cambio, con la postergación, el país perdió competitividad frente a otros productores internacionales.

Uno de los proyectos con mayor probabilidad de destrabar esta situación es Michiquillay. Adjudicado en 2018 a Southern Perú, contempla una inversión cercana a los US$ 2,000 millones, una vida útil de al menos 25 años y una producción estimada en 225,000 toneladas métricas anuales. Su desarrollo podría marcar el inicio de una nueva etapa para la región.

Más allá de su aporte directo, Michiquillay podría servir como eje para articular un clúster minero. Esto implicaría coordinar operaciones, proveedores, infraestructura y formación técnica, generando encadenamientos productivos en sectores como transporte, metalmecánica y servicios ambientales. La experiencia de zonas como Antofagasta en Chile muestra que este modelo puede elevar el empleo calificado y dinamizar economías locales.

Sin embargo, el tiempo perdido también ha tenido efectos negativos. En áreas donde los proyectos formales no avanzaron, ha comenzado a crecer la minería informal e ilegal. Estas actividades no generan ingresos fiscales ni empleo de calidad, y suelen tener impactos ambientales más severos, afectando suelos y fuentes de agua. El caso de Conga ilustra este fenómeno. Tras años de paralización, la zona ha visto la llegada de operadores informales, algunos provenientes de otras regiones. Lo que pudo traducirse en inversión regulada y recursos para obras públicas se ha convertido en una actividad desordenada y difícil de supervisar.

El desafío, entonces, no es solo reactivar inversiones, sino hacerlo bajo condiciones que generen confianza. Eso implica reglas claras, cumplimiento ambiental estricto y mecanismos efectivos para distribuir beneficios. Sin estos elementos, cualquier intento de desarrollo enfrentará los mismos obstáculos del pasado.

Cajamarca tiene el potencial para convertirse en un polo minero clave, pero también enfrenta el riesgo de seguir atrapada en su propia contradicción. La diferencia entre ambos escenarios dependerá de su capacidad para convertir recursos en oportunidades reales para su población.