Aniego en SJL debe investigarse

Luego del enorme aniego de aguas residuales provocado por la ruptura de una tubería de alcantarillado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL, Lima), ocurrido hace tres semanas, se siguen conociendo hechos que deben ser investigados por las autoridades correspondientes. Asimismo, ante el evidente desastre del servicio público, un gran sector de la sociedad se pronuncia a favor de la privatización de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Sedapal con el objeto de acrecentar las inversiones en servicios de agua potable y alcantarillado y reducir las deficiencias en casos de emergencias, como el ocurrido recientemente en SJL.

Como todos sabemos la tubería que se rompió causando el aniego de aguas servidas en San Juan de Lurigancho estaba a nueve metros de profundidad, y sobre ella se extendía —a cinco metros de la superficie— el colector de desagüe de la Huayrona. Diversas versiones indican que en el 2018 comenzaron a aparecer forados en la pista de Próceres de Independencia que podían haber sido causados por la rotura del colector La Huayrona. Si eso fue así, entonces, los nueve metros de tierra compactada hasta el colector que causó la inundación cedieron por la constante humedad. Esta versión podría explicar el desastre que afectó a más de 2,000 familias en San Juan de Lurigancho.

Sin embargo, en el Sindicato de Trabajadores de Sedapal (Sitrasel) se señala a las empresas Odebrecht y Graña y Montero (GyM) como las directas responsables del colapso de la tubería de alcantarillado del Colector Canto Grande, que ocasionó la inundación en la avenida Próceres de la Independencia.

La junta directiva del sindicato de Sedapal sostiene que la responsabilidad de las obras ejecutadas —en todos los casos— recae en el proyectista y en el ejecutor y supervisor de la obra. Indican que la empresa Ítalo Valle (IVC) fue subcontratada por Odebrecht y GyM para realizar la instalación de las tuberías del colector. Asimismo, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) contrató a la compañía CESEL para supervisar la obra. Se añade que el Consorcio LYS —integrado por Jorge Hernán Salinas de Córdova, JRLG Consultoría y Construcción SAC— fue contratado para realizar los estudios y evaluación de los colectores primarios de SJL.

Según los técnicos de Sedapal, una tubería no puede colapsar en cinco años porque la vida útil promedio es mayor a los 80 años. Indican, además, que la instalación de 1,500 metros de tubería de plástico (polietileno, no recomendable para este tipo de obras), de 1.50 metros de diámetro, pudo haber tenido graves fallas técnicas. Asimismo, se sostiene que los empalmes de las tuberías fueron hechos en la parte curva de la tubería, y lo correcto es hacerlo en la parte recta.

Mientras las responsabilidades del siniestro están en investigación por las autoridades correspondientes y los peritajes técnicos del siniestro, reclamados por el sindicato de Sedapal, no se publican, casi 2,000 pobladores de SJL sufren las secuelas de la inundación. El agua potable se reparte desde camiones cisternas en 68 puntos de abastecimiento en distintos sectores del distrito de SJL. Durante y después de la emergencia, 289 personas fueron trasladadas a distintos hospedajes y se repartieron 20,511 raciones de alimentos. Además, 243 predios fueron empadronados y se instalaron 60 baños portátiles.

Al margen de la discusión sobre las responsabilidades, que serán determinadas por las investigaciones, Pedro Ferradas —experto en solución de siniestros— ha señalado la necesidad de disminuir la dimensión de la tragedia. En el caso de SJL, lo más recomendable hubiera sido evacuar de manera temporal a las personas, haciendo uso de uno de los tantos planes de evacuación elaborados por razones de tsunami y de terremotos. “Hubiera sido una magnífica oportunidad para evaluar los planes de contingencia después de terremotos”, ha señalado. De esta manera se sabría, por ejemplo, si los planes de Sedapal están integrados a los planes de los distintos organismos del Estado para evitar las demoras para llegar a la población afectada.

Una vez más los peruanos contemplamos que los sistemas de respuesta inmediata no funcionan como quisiéramos y que las responsabilidades por los daños se confunden o se apañan.