Agroexportaciones: ¡Una columna de la prosperidad nacional!

La posibilidad de desarrollar todo nuestro potencial en la agroexportación de frutas y legumbres podría llevar al Perú a encontrar un camino abreviado al desarrollo. No es una frase exagerada que se suelta para apuntalar un sector, de ninguna manera. El país ha desarrollado un milagro agroexportador en apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura (alrededor de 250,000 hectáreas) convocando US$ 20,000 millones en exportaciones y multiplicando los envíos al exterior de US$ 651 millones a más de US$ 12,000 millones en la actualidad. 

El empleo formal aumentó de 460,000 –entre directos e indirectos– en el 2004 hasta más de un millón en la actualidad, y la pobreza en las regiones agroexportadoras descendió muy por debajo de la media nacional. En Ica, por ejemplo, la pobreza se sitúa debajo del 6%, mientras que este flagelo afecta a un tercio de los peruanos; es decir, a uno de cada tres connacionales.

¿Por qué sostenemos que el camino agroexportador puede abreviar nuestro camino al desarrollo? Según ha informado el empresario Fernando Cilloniz en este portal, el Perú tiene la posibilidad de ganar un millón de hectáreas más al desierto de la costa a través de diversos proyectos hídricos (el desierto peruano es único para las agroexportaciones). En otras palabras, se necesitarían inversiones de más de US$ 60,000 millones, se crearían más de cuatro millones de empleos formales –entre directos e indirectos–, emergería una industria de manufactura nacional para proveer maquinarias a los desiertos convertidos en oasis, así como una industria de servicios, y se necesitarían facultades universitarias que desarrollen investigaciones en el sector. Hasta las universidades se verían obligadas a reformarse.

Algo más. El desarrollo de todo el potencial agroexportador en la costa inevitablemente obligaría a crear ciudades intermedias, cercanas a los fundos agroexportadoras. En otras palabras, ante la consolidación de un empresariado agrario nacional e internacional emergería una poderosa clase media agraria que demandaría ciudades cercanas a los fundos con todos los servicios.

Si algo así sucediese en el país es evidente que más del 50% de la sociedad pasaría a formar parte de la clase media consolidada, la pobreza retrocedería debajo del 10% de la población y la economía se diversificaría y globalizaría a niveles impensados.

Sin embargo, ¿por qué no avanzamos en ese camino? ¿Por qué nos contentamos con lo conseguido? Una vez más es por las izquierdas y los progresismos, y esas patológicas tesis acerca de que la inversión privada en el agro es una amenaza a los trabajadores y no la única y verdadera solución. Durante el gobierno provisional de Sagasti se derogó la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que establecía regímenes tributarios y laborales promocionales; una ley que junto a la Constitución y los 22 tratados de libre comercio explican el milagro y el boom agroexportador del país en apenas el 5% de las tierras agrícolas.

Luego de esa derogatoria, se calcula que se han perdido inversiones en 30,000 hectáreas y cada mes se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos formales. Ante esa situación, en el Congreso un sector de bancadas está impulsando una nueva ley de promoción agraria que propone que los pequeños agricultores que vendan hasta S/ 154,300 (30 UIT) sean exonerados del impuesto a la renta, en tanto que las pequeñas unidades que sumen ventas de S/ 721,000 (110 UIT) paguen el 1% en renta. En cuanto al régimen general se plantea 15% de renta entre el 2025 y el 2035, devolución anticipada de IGV, depreciación acelerada y un crédito tributario en reinversiones en maquinaría, investigaciones en tecnologías y capacitación e infraestructuras.

¿Por qué es necesario un régimen promocional en el agro? Es el único sector de la economía en que se invierte en seres vivos (plantas) que padecen plagas e imprevistos climáticos. Por otro lado, ganar tierras al desierto requiere inversiones hidráulicas de largo plazo que determinan que la rentabilidad de estos emprendimientos se alcance luego de varios años.

En cualquier caso, las bancadas del Legislativo tienen la responsabilidad de sancionar una ley que podría abreviar nuestro camino al desarrollo.