Abreviar el camino al desarrollo con agroexportaciones

Es incuestionable que el incumplimiento por dos años consecutivos de las metas planteadas para el déficit fiscal por el Ejecutivo establece la necesidad de reducir y racionalizar gastos innecesarios. Es más, a nuestro entender, semejante estado de cosas debería plantear la urgencia de una reforma integral del Estado: eliminación de más de la mitad de los ministerios, cancelación de sobrerregulaciones y oficinas innecesarias en el Estado y la creación de ventanillas únicas y sistemas de trámites simplificados.

Sin embargo, la necesidad de enfrentar los desajustes del gobierno de Dina Boluarte de ninguna manera debe significar la cancelación de las discusiones de mediano y largo plazo. Y uno de estos temas tiene que ver con la urgencia de establecer un régimen promocional de inversiones en el agro, el único sector de la economía y la sociedad que debería tener un régimen especial en cuanto a tributación y también en el sistema laboral. ¿Por qué? Porque el sector agrario es un sector de la economía que trabaja con seres vivos (plantas y animales) con extrema vulnerabilidad frente a las plagas, enfermedades y los cambios climáticos. Asimismo, las inversiones agrarias alcanzan rentabilidad luego de varios años de inversiones hidráulicas, con el objeto de ganar tierras al desierto.

No existe otro sector de la economía con esas características y vulnerabilidades. Los emprendimientos agroexportadores suelen madurar entre tres y cinco años en los mejores casos. ¿A qué viene todo esto? Luego de la derogatoria de la Ley 27360 por el gobierno provisional y progresista de Francisco Sagasti, las nuevas inversiones en el agro, simplemente, han desaparecido y el empleo formal ha comenzado a retroceder. Antes de la derogatoria de la señalada norma, incluso, se proponía extender el régimen tributario y laboral del sector a toda la economía para convertir al Perú en un verdadero puma de América del Sur (en alusión a los tigres de Asia).

Es en ese contexto que el Congreso debería aprobar el dictamen sobre la nueva ley de promoción agraria que establece que los pequeños agricultores que vendan hasta S/ 154,300 soles (30 UIT) estarán exonerados del impuesto a la renta, mientras que los minifundistas que vendan hasta S/ 721,000 (110 UIT) abonarán el 1% en renta. En cuanto al régimen general se plantea 15% en renta entre el 2025 y el 2035, y créditos tributarios por reinversión por compra de maquinarias, desarrollo tecnológico, investigaciones y capacitación. También se propone la depreciación acelerada y la devolución anticipada del IGV.

El argumento acerca de que una ley de promoción de inversiones en el agro reduciría los ingresos fiscales del Estado no resiste el análisis. Con la vigencia de la Ley 27360 en las últimas dos décadas, hasta su derogatoria, los ingresos del Estado aumentaron de S/ 97 millones a S/ 827 millones anuales, un incremento de más de ocho veces. Sin la mencionada ley la recaudación nominal acumulada habría sido de S/ 2,200 millones. No obstante, gracias al régimen promocional sumó S/ 9,100 millones; es decir, un incremento neto de S/ 7,000 millones.

Existen, pues, pocos argumentos para negar la necesidad de un régimen promocional de inversiones para el agro, el sector pecuario, las agroexportaciones y la agroindustria. 

Si recordamos que el Perú tiene la potencialidad de ganar un millón de hectáreas de tierras al desierto para las agroexportaciones –a través de los diversos proyectos hídricos–, un proceso que significaría la multiplicación por cuatro de nuestra agricultura moderna y demandaría inversiones de cerca de US$ 60,000 millones, ¿por qué no entender que el camino de las agroexportaciones puede abreviar nuestro camino al desarrollo? ¿Cómo oponerse a la necesidad de un régimen promocional para el sector?

Con la ampliación de nuestras agroexportaciones por cuatro es evidente que surgiría una nueva clase media agraria, una industria de manufactura y de servicios para las regiones agroexportadoras y, de una u otra manera, se desataría una migración inversa de la capital y las ciudades de la costa hacia las nuevas ciudades intermedias que se levantarían cerca de las regiones agroexportadoras.