¡A destrabar los proyectos de agua!

El Gobierno de Keiko Fujimori  se ha propuesto impedir que el propio Estado siga retrasando los 72 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031, valorizados en S/ 144,117 millones. La decisión es correcta, pero debe comenzar por lo más urgente: la infraestructura hídrica. Sin represas, reservorios, canales, drenajes, agua potable ni tratamiento de aguas residuales, cualquier discurso sobre crecimiento nacional se convierte en inviable. 

El gran problema de una estrategia para resolver el problema del agua en el Perú es cómo superar el sistema de inversión pública que prioriza determinado tipo de obras a través de los gobiernos regionales y subnacionales. En el Perú de cada tres soles de inversión pública, dos se ejecutan a través de los gobiernos subnacionales y diversos estudios e investigaciones señalan que a través del sistema descentralizado se ha invertido por lo menos tres veces la cantidad suficiente para resolver el déficit de agua potable en el Perú.

El Perú sufre una paradoja absurda. El país está  entre los diez primeros países del planeta con reservas de agua dulce, pero el agua se encuentra donde vive menos gente. El 65% de la población se concentra en la vertiente del Pacífico, que dispone de apenas el 1.8% del agua; mientras la vertiente amazónica concentra cerca del 98% del recurso. Peor aún, la Autoridad Nacional del Agua advierte que más del 70% del agua se pierde en el mar por falta de infraestructura de almacenamiento y regulación. En otras palabras, no siempre falta agua: faltan las obras para captarla cuando abunda y utilizarla cuando escasea.

La tragedia llega hasta los hogares. La SUNASS calcula que en 2025 alrededor de 3.3 millones de peruanos seguían sin agua potable y 6.9 millones carecían de saneamiento básico. En una década, la cobertura de agua apenas avanzó de 88.2% a 90.4%, y prácticamente permanece estancada desde 2018. Mientras tanto, miles de familias pagan precios elevados a camiones cisterna por agua de calidad incierta. El ciudadano más pobre termina pagando más por el servicio más deficiente.

Cerrar la brecha de agua potable y saneamiento bajo responsabilidad de las empresas prestadoras requerirá aproximadamente S/ 138,000 millones durante los próximos 30 años, según la Sunass. Eso demanda inversiones anuales de S/ 12,300 millones, muy por encima de los S/ 723 millones que las empresas podían financiar en promedio mediante tarifas y de los S/ 6,151 millones previstos entonces con presupuesto público. Esperar que el Estado resuelva solo este agujero financiero sería condenar a otra generación a vivir entre baldes, cisternas y desagües abiertos. Se necesita a gritos, pues, el concurso de la inversión privada.

El Plan Nacional de Infraestructura incluye nueve proyectos de agricultura y riego y ocho de agua y saneamiento dentro de su cartera priorizada. Allí aparecen proyectos decisivos como la rehabilitación del reservorio de Poechos, estimada en S/ 5,430 millones; Chavimochic III, por S/ 3,888 millones; y Majes Siguas II, por S/ 4,780 millones. No se trata de monumentos para inaugurar, se trata de infraestructura  capaz de asegurar agua, ampliar la frontera agrícola, atraer capital privado, generar empleo formal y proteger regiones enteras frente a sequías e inundaciones.

Por eso es positivo que el Ejecutivo se proponga simplificar permisos, autorizaciones y liberación de terrenos. También resulta razonable incorporar silencio administrativo positivo en trámites secundarios: una oficina pública no puede paralizar indefinidamente una represa porque un funcionario decidió no contestar. El silencio positivo debe aplicarse  a procedimientos previamente tipificados, con plazos públicos, responsabilidad directa del funcionario y trazabilidad digital completa.

La presidenta Fujimori debe formar un comando hídrico de alto nivel que destrabe los proyectos prioritarios, publique sus avances físicos mensualmente y convoque capital privado mediante la modalidad de asociaciones público privadas (APP) y obras por impuestos (OxI). 

El Perú no puede continuar viendo cómo el agua baja de los Andes, destruye ciudades durante el verano y desaparece en el océano, mientras millones carecen del servicio hídrico. Si el Gobierno quiere derrotar a la burocracia, que empiece por liberar las obras que pueden impedir que el país muera de sed.