¡A desactivar conflicto con la minería informal!

Para evitar que se generalice conflicto social en el sur

La designación de Cayetana Aljovín en el Ministerio de Energía y Minas ha desatado justificado optimismo en los sectores vinculados a la inversión en recursos naturales. Semejante designación sucede cuando el Ejecutivo ha decidido apretar el acelerador en los proyectos mineros Quellaveco, Michiquillay, Mina Justa y Corani, emprendimientos que sumados representan una inversión de US$ 10,OOO millones. Si el jefe de Estado en el mensaje de Fiestas Patrias afirmó que el Perú volvería a crecer por encima del 4% en el 2018 es porque él tiene la certeza de que los mencionados proyectos se efectivizarán.

Sin embargo, el conflicto social desatado en el sur, a partir de las reivindicaciones magisteriales impulsadas por el maoísmo extremista, ha terminado bloqueando el acceso a las minas Constancia, Antapaccay y Las Bambas, que forman parte del llamado Corredor Minero del Sur, en el que se produce el 60% del cobre en el Perú. Ese mismo extremismo sindical también ha paralizado todas las actividades turísticas de esas regiones. Como se aprecia, detrás de las acciones del extremismo sindical existe la intención de detener la economía y jaquear al modelo económico y social, con el objeto de crear un escenario favorable para las fuerzas antisistema. Sin el cobre el Perú estaría en crecimiento cero. Es posible, entonces, que de triunfar este extremismo en el sur, desde allí se lance una ofensiva contra todos los proyectos mineros del Perú.

Ahora bien, ¿qué sucedería si al agitado clima social en el sur —que puede extenderse a otras regiones— se suma un conflicto con los más de 400,000 mineros informales? Es evidente que el análisis tendría que variar porque estaríamos enfrentando un verdadero problema de gobernabilidad.

¿Alarmismo innecesario? De ninguna manera. La administración pepekausa, en contra de todos los pronósticos, ha continuado los principales lineamientos de la política de formalización minera del pasado gobierno nacionalista, que enfrentó a los productores informales con el Estado. Una verdadera locura, sobre todo considerando que el poderoso movimiento social de la minería artesanal es un movimiento procapitalista y proempresa que solo busca su inclusión en la economía de mercado.

Un ejemplo de este continuismo tiene que ver con el hecho del número de mineros artesanales que se acogen al proceso de formalización. Por ejemplo, durante el nacionalismo cerca de 70,000 productores participaron en una declaración de compromiso para formalizarse, pero menos de 400 lograron legalizarse. Durante el actual gobierno, el ex ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, anunció en marzo de este año que más de 60,000 mineros artesanales se inscribirían en el Registro Integral de Formalización Minera; luego se habló de 15,000. Pero hoy se calcula que la cifra no supera los 4,000 nuevos inscritos. En todo caso se deberían conocer las cifras.

En medio de estos hechos, el pasado 1 de agosto terminó el plazo para inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera. ¿Acaso se quiere señalar que más de 330,000 mineros artesanales están fuera del proceso? ¿Alguien pretende empujar al movimiento de mineros informales bajo la influencia de las propuestas antisistema?

El reglamento del Decreto Legislativo 1336 —promulgado por el presente gobierno— establece que para formalizarse un minero informal debe acreditar cinco años de facturas y boletas, libros contables y declaraciones anuales consolidadas ante el ministerio de Energía y Minas. En otras palabras, se exige que los informales se presenten como formales. ¿Ignorancia o provocación al movimiento de la minería informal?

Una política pública de formalización —tal como sucede en cualquier sociedad desarrollada— es un proceso permanente, sin plazos, que establece incentivos y sanciones para convocar a los empresarios extralegales. En el Perú se cree que promulgado el procedimiento todo se resuelve con un plazo para la formalización. Tremendo error.

Una política pública de formalización, antes que poner por delante las sanciones y embargos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y las multas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (0EFA), desarrolla incentivos y balances a favor de la formalidad. En el Perú solo se busca la sanción y cada vez se empuja más al informal fuera de la formalidad.

Ante esta situación, el pasado 21 de julio de 2017 se desarrolló el V Congreso Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores del Perú en la ciudad de Juliaca. En el mencionado evento se reunieron más de mil delegados que representan a las regiones de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Puno, La Libertad, Apurímac y Huánuco, entre otros. Uno de los acuerdos de los organismos de los productores artesanales fue actuar unificadamente frente a los intentos de excluirlos de la economía legal.

Como se aprecia, el éxito de la gestión de la nueva titular de Energía y Minas no solo se medirá por su capacidad para acelerar las inversiones mineras, sino también por su discreción al desactivar el potencial conflicto social que le dejan sus antecesores y algunos sectores del gobierno, incapaces de entender el homo economicus que existe detrás de todo productor de la minería artesanal.