Volver al futuro II

 

Cada cierto tiempo aparecen voces que piden un cambio de Constitución para permitir que el Estado esté más presente en la actividad económica. Casi se pide que se resucite al Che Guevara para que fusile la Constitución de 1993. Pero, antes de deshacernos del documento que por 25 años ha regido nuestra sociedad, debemos recordar un poco cómo era Perú antes del cambio en el régimen económico.

En el artículo 113 de la Constitución de 1979, la “sujeta”*, se señalaba que “el Estado ejerce su actividad empresarial”. Ya está, la hice, pensaron muchos en aquel entonces: carro, viajes y más. Solo bastaba tener un sobaco ilustrado y ser parte del grupo de los “sujetadores” para manejar estos “estratégicos” negocios necesarios para el desarrollo de la Nación. Lloro de emoción.

Ahora revisemos el artículo 115 de la Constitución de 1979: “El Estado estimula y reglamenta su ejercicio para armonizarlo con el interés social”. Suena bonito, pero surge una pregunta: ¿quién fija el interés social? Pienso en qué tipo de tontería me contestarán estos iluminados cívicos: “Nosotros, porque hemos sido elegidos como los más puros y sabios”.

Es seguro que también quieren recuperar el capítulo de la moneda y la banca de la Constitución de 1979. Así podría el Estado pedir dinero al Banco Central de Reserva, cosa que bajo la actual Constitución no puede. Despedido Julio Velarde y ante la necesidad que vivimos, se atorarán de dinero los problemas identificados por cierto grupo. ¿Funcionará? La evidencia nos dice que no, que el Estado no es capaz de ejecutar bien el presupuesto que tiene en estos momentos. Entonces, ¿realmente queremos que alguien pueda acceder a su gusto a las reservas que le tomó al país años recaudar?

Sigamos. El modelo de seguridad social de la Constitución de 1979. Todos los que trabajamos en su momento, cotizábamos. El rol del Estado era invertir “sabiamente” los dineros y ahorros de los peruanos trabajadores. Al final de una vida de trabajo, el Estado debía estar esperándonos, con los brazos abiertos y una sonrisa de Papá Noel, digna de la mejor publicidad de Coca-Cola. Esta promesa nunca se cumplió. Y es aquí que comienza también la crisis del sistema provisional actual.

Me creerán loco, pero este desvarío que describo entre broma y verdad fue la realidad que se vivió entre las décadas del setenta y noventa, conocidas también como las décadas perdidas del Perú. Es por esto que me pregunto cómo es posible, luego de vivir lo que ocurrió en aquella época, que aún hayan personas que crean que más Estado va a hacer que vivamos en un país más próspero para todos. Que el Estado pueda ser exitoso en la actividad empresarial es una tesis ampliamente refutada por la historia.

Cuando el Perú implosionó al inicio de los noventa, el cambio de Constitución se hacía imprescindible. Nadie invertía en un país donde “sabios, garantes griegos, gente con mentalidad moderna, sobacos espectaculares”, decidían por el resto. Si se señalaba que antes habían fracasado estas ideas, la respuesta era inmediata: “es que ahora sí sabemos cómo hacerlo, esta vez sí somos justos, somos diferentes a los anteriores. Esta vez el gasto publico sí será ejecutado con honestidad, eficiencia, puntualidad, exactitud”, y todo aquello que un buen gastador público sabe hacer. Ja, ja, ja...

Las cifras finales de esta orgía terminaron así: exportaciones en US$ 3,000 millones anuales, una deuda externa de US$ 30,000 millones y un PBI de poco menos de US$ 30,000 millones de dólares. El 70% de la actividad económica estaba en manos del Estado.

Luego de mucho esfuerzo y disciplina fiscal, logramos recuperar el rumbo del crecimiento, reducir la pobreza de forma dramática y comenzar a cerrar brechas sociales. Fue un proceso duro y lleno de errores también, pero el progreso económico en las últimas décadas es innegable. Nuestro actual panorama lo confirma.

Se prevé que para el 2018, las exportaciones lleguen a un valor de US$ 50,000 millones. Nuestro PBI está en un poco más de US$ 190,000 millones. La políticas monetaria y fiscal, de las dos últimas décadas, han permitido que Perú registre al 2017 uno de los más bajos ratios de endeudamiento de la región latinoamericana (25% del PBI). Además, se ha mantenido un alto nivel de reservas internacionales netas, que bordean los US$ 64,000 millones (junio de 2018). La pobreza se ha reducido en más de 20 puntos y la pobreza extrema se ha reducido en poco más de la mitad, de acuerdo con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Sin embargo, volvemos a escuchar palabras, conceptos y opiniones que nos buscan liberar de nuestra responsabilidad, que nos dicen que seamos como niños que salen al recreo con la posibilidad de decirle no a las clases de matemáticas y lenguaje, por ser aburridas y tediosas.

Lo que hemos vivido con el escándalo de Lava Jato nos tiene que llevar a reflexionar seriamente sobre la capacidad de cualquier Gobierno para acercarse al dinero público. Tenemos cuatro gobiernos bajo sospecha y dos gestiones municipales limeñas acusadas. No hay “modelo” que se haya salvado de esta masacre de inmoralidad. Acá quiero ser muy claro: los empresarios que hayan sido parte de este esquema —que le robó no solo dinero a todos los peruanos, sino también numerosas obras y servicios públicos— tienen que ser procesados y castigados. El caso Lava Jato también nos debe enseñar la importancia de no permitir que el poder de decisión sobre la ejecución de obras públicas esté concentrado en unas pocas personas o grupos de interés.

Podemos discutir sobre si nuestra liberalización de la economía se hizo de la mejor manera, sobre si podemos mejorar más la apertura de los mercados peruanos, sobre cómo hacer para traer más inversión y cerrar las brechas sociales. Sin embargo, quienes creemos en las sociedades libres tenemos que pensar en cómo es posible que ante tanta evidencia aún se piense en proponer una mayor intervención del Estado en la economía.

* Si bien se conformó una Asamblea Constituyente para establecer qué debía contener la nueva Constitución, la dictadura militar estableció todo lo que debía estar en esta carta. Fue un: discutan todo lo que quieran, pero al final van a poner todo lo que les decimos. Por eso me refiero a esta Constitución como la “sujeta”. Esto está en el Decreto Ley 21949, publicado el 04 de octubre de 1977.