Urgen reformas, políticas y acciones pro capital humano

Luego de un periodo tan nefasto como el que nos tocó vivir como fruto de la pandemia y el pésimo manejo sanitario y económico de los gobiernos de turno, a lo que se ha sumado tener un gobierno con tendencia de extrema izquierda, calificado por ellos mismos como marxista-leninista, los agentes económicos –sean personas, empresas u organismos públicos y privados– están esencialmente preocupados en el quehacer diario individual, a más de conocer y asimilar las complejas noticias cotidianas de carácter político y social para determinar cómo les afectarán en el corto plazo. Queda, por tanto, poco o ningún espacio y tiempo para pensar en el mediano y largo plazo; menos para proyectarnos como país sobre qué vendrá y qué hacer para lograr un crecimiento potencial cada vez mayor. Y por cierto, para hacerlo realidad para eventualmente superar los problemas agudos de informalidad, carencia de empleo adecuado y pobreza; en suma, incrementar el bienestar nacional.

En este contexto, es imperativo destacar que un aspecto imprescindible a tratar para ver el horizonte o el futuro del país con cierto optimismo es darle la relevancia y urgencia que amerita al capital humano, pues es uno de los elementos indispensables para garantizar un incremento permanente en la productividad. Y con ello, propender a un crecimiento económico alto y sostenido, con menor informalidad, desempleo y pobreza, a la par con mejorar progresivamente la equidad en la distribución de oportunidades y por esta vía una mayor equidad en la distribución de ingresos.

Darle prioridad al capital humano significa en concreto realizar las reformas, definir las políticas y ejecutar las acciones a favor de la educación y la salud, que en gran medida le corresponde al Ejecutivo, pero de lo cual no está exento el Congreso. Lamentablemente el primero más bien toma medidas negativas en ambos campos, retrocediendo en lo poco avanzado; y, el segundo, olvida su labor legislativa en estos dos campos vitales para el país, imbuido en aspectos de carácter netamente políticos, aunque importantes algunos de ellos, o en temas sin mayor trascendencia e incluso irrelevantes.

Nada impide que el Ejecutivo o el Congreso, en este último caso liderado por alguna bancada, tome la iniciativa de elaborar un proyecto de ley de reforma integral de la educación y la salud, que tendrá por cierto que ser analizado, debatido y aprobado en el Legislativo. En el primer caso, la educación, debe iniciarse con una profunda reorganización del Ministerio a cargo, pues no hay forma de lograr éxito si no se procede en esta dirección con el ente rector, lo que conlleva evaluar a todo nivel al personal que labora en él. Paralelamente, se debe buscar perfeccionar y consolidar la reforma empezada a nivel inicial, primaria y secundaria, para lo que es indispensable mantener la exigencia de la promoción y nombramiento por mérito de los profesores e introducir todo lo necesario para lograr que las materias, procedimientos y equipos de enseñanza estén acordes con los adelantos científicos y tecnológicos a nivel mundial.

Es la única forma de garantizar que nuestros educandos puedan acceder luego sin contratiempos a una educación superior universitaria o técnica en el ámbito nacional o internacional, o integrarse al mercado de trabajo cada vez más competitivo y exigente en calificación. Sin duda que a la par debe contarse con una infraestructura de centros educativos idónea, segura y dotada con los servicios básicos de agua, desagüe, electricidad e internet.

Mención aparte corresponde señalar que respecto de esto último no hay excusa alguna para que luego de prácticamente dos años sin asistencia presencial, los gobiernos de turno no hayan reparado y dispuesto como corresponde los colegios públicos a nivel nacional, al punto que según información que publica el diario Gestión alrededor del 70% de los locales requieren algún tipo de reparación y que a 21,718 centros educativos hay que hacerle refacción total. Es inadmisible pues además era una de las formas apropiadas de crear trabajo, aunque temporal, para enfrentar el incremento sustantivo del desempleo como consecuencia de la pandemia y la crisis económica. Peor aún es la total incapacidad de organizar el retorno a clases, afectando de manera significativa a los estudiantes.

En la misma dirección el Ejecutivo o el Congreso tienen que actuar en el campo de la salud, aunque es mucho más complejo pues no existe una reforma en marcha y, muy por el contrario, hay un cierto caos en el ámbito de la salud empezando por el ente rector, el Ministerio, que también debe ser reorganizado, a lo que se suma una red sin coordinación de centros de salud del sector público, de EsSalud, de las fuerzas armadas, gobiernos regionales y locales, a más del sector privado. Es indispensable tener una política integral, clara, moderna, respecto del rol de cada uno a la par con una vinculación dinámica entre ellos utilizando la tecnología existente, lo que facilitará la movilización de los pacientes.

Priorizar lo que se ha reconocido como fundamental a nivel mundial que es disponer de centros de salud de atención primaria perfectamente equipados, con el equipo profesional idóneo y un stock básico de medicinas, establecimientos que a más de ser el punto de referencia inicial, el primer eslabón de cualquier proceso de salud antes de derivar a los pacientes en caso necesario a una instancia mayor o centro especializado, puedan también éstos servir de centros de prevención en el ámbito geográfico que dominan, e instruir como tal a las personas y familias respecto de los diferentes temas vinculados a la salud como los chequeos rutinarios, vacunas, la alimentación, bebidas y deportes, entre otros. No puede olvidarse que la mejor y más barata receta para la salud es la prevención.

Muchos erróneamente le atribuyen a la limitación de ingresos disponibles los problemas que enfrentan estos dos sectores básicos, la educación y la salud, por lo que concentran su atención en incrementar los porcentajes del presupuesto público que deben asignarse a los mismos. Sin desconocer que siempre serán escasos los recursos ante la magnitud de los problemas y las enormes brechas que existen con otras realidades en cuanto a infraestructura y equipamiento, a más por cierto de los niveles remunerativos de los profesionales involucrados, no es este actualmente el tema crítico a resolver pues los últimos años entre 20 y 30 % de lo presupuestado para inversión queda sin utilizarse y el tema del recurso humano tiene una dimensión más compleja, no estrictamente pecuniaria.

El meollo del asunto está en la inadecuada estrategia que se sigue en ambos sectores e ineficiente gestión a nivel del gobierno nacional, regional y local, consecuencia esto último de la carencia de recursos humanos idóneos y los sistemas engorrosos, burocráticos y obsoletos que se aplican para la toma de decisiones y ejecución de la misma. No es aconsejable poner más recursos sin realizar previamente los cambios significativos que corresponde hacer en línea con lo mencionado anteriormente. 

No obstante todo lo expuesto, es lamentable reconocer que ni el Ejecutivo ni el Congreso tienen en su agenda estos temas y menos que los estén trabajando. No puede entenderse esta situación cuando es aceptado por todos que es el capital humano, con su impacto favorable en la productividad, el elemento central en pleno siglo XXI para lograr un crecimiento económico a tasas altas de manera sostenida y alcanzar por tanto mayor bienestar nacional con baja o nula pobreza e informalidad. Cierto que debe ir de la mano con una agresiva política pro inversión, tanto en infraestructura como en actividad productiva, pues además de igualmente incrementar la productividad permite allegar los puestos de trabajo adecuados que demandará este capital humano mejor preparado.

Como lo hemos manifestado en otras ocasiones, son la productividad y la inversión los dos motores fundamentales del crecimiento económico; pero ambos requieren de un capital humano de primera, en un contexto de cimientos sólidos dado por la consolidación de la institucionalidad y la estabilidad macroeconómica.