Una rectificación saludable y necesaria

El último mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra ha generado posiciones divididas en un importante sector de la opinión pública y de los analistas políticos. Unos consideran que se trata de una saludable rectificación del Gobierno —enmendando el rumbo económico del país—; y los otros sostienen que no es sino una muestra de debilidad del actual régimen, que viene dando tumbos en sus primeros 75 días de gobierno.

Sin embargo, desde esta columna consideramos que el Gobierno ha entendido el mensaje del pueblo, que no dudó en mostrar su rechazo a la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles. Especialmente al diésel, empleado mayoritariamente por los camiones y buses, con impacto directo en el incremento del costo de la canasta básica familiar.

Por otro lado, creemos que la gota que derramó el vaso, fue el anuncio del ex ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, de aplicar el impuesto a la renta a los que menos ganan; es decir, inferir mayor castigo a los precarios sueldos de la mayoría de peruanos. Dos medidas contraproducentes que, de un día para otro, hicieron descender en diez puntos la popularidad presidencial.

Cabe resaltar que el ex ministro renunciante optó por el camino más fácil, asumiendo la función de recaudador de impuestos en el sector formal, sin tomar en cuenta que existían otras alternativas, como la recuperación de impuestos no pagados a la Sunat por grandes empresas nacionales e internacionales, así como algunas entidades bancarias. También se olvidó de los grandes lavadores de dinero y de los mineros informales, así como de esa enorme legión de contrabandistas que destruyen la economía y el medio ambiente en nuestro país.

Lo sustantivo aquí es que Martín Vizcarra corrigió oportunamente ese error político, que generó reacciones adversas en el pueblo y que provocó marchas multitudinarias en el centro y sur del país, así como una amenaza de huelga indefinida de transportistas. Esta situación felizmente ha sido superada, al poner el mandatario el dedo en la llaga, manifestando que se luchará contra todo lo que signifique corrupción y evasión tributaria.

Además, anunció que se realizarán grandes inversiones privadas y públicas, lo que en la práctica se traducirá en una mayor recaudación tributaria, sin recurrir al incremento de la carga impositiva al pueblo. De esa manera, el país retomará el modelo económico por el que votó más del 85 % de los peruanos en las últimas elecciones. Es decir, por una “economía social de mercado” con estabilidad jurídica, dejando de lado los cantos de sirena de la izquierda caviar, que busca protagonismo en un escenario que les fue negado por el pueblo a través del voto popular.

El mensaje fue claro y sincero, y en él se comprometió luchar contra todo tipo de corrupción. En ese propósito, pidió al Congreso que apruebe las medidas que autoricen a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) supervisar y controlar a las cooperativas de crédito, sindicadas como grandes lavaderos de dinero de dudosa procedencia. Asimismo les hizo una invocación para que modifiquen su normativa, con el fin de que la Contraloría designe al jefe de la OCI para que fiscalice y audite las contrataciones y manejo de los recursos económicos en el parlamento, tal como ocurre en los otros poderes del Estado.

Cabe resaltar que la deuda por impuestos no pagados de las empresas nacionales y extranjeras con la Sunat superan el 1 % del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Y que su recuperación, según manifestó Vizcarra, permitirá destinar dichos recursos a programas de inversión social en beneficio de los que menos tienen. También precisó que pronto se dará inicio a la ejecución de grandes proyectos mineros, que permitirán al Perú crecer en más del 5% anual. Se trata, pues, de un discurso coherente y esperanzador. Ojalá que los lobbies de intereses oscuros, la izquierda caviar y las “viudas” de PPK no torpedeen el propósito de enmienda del Gobierno de Martín Vizcarra.