Una nueva batalla: la continuidad del régimen de promoción agraria

Hemos escrito y hablado en extenso sobre la necesidad que tenemos en el parlamento de que el debate de las políticas públicas nacionales gire en torno a ideas y argumentos, en lugar de insultos y agravios. El porqué de esta necesidad radica justamente en la urgencia del Congreso de la República de reconectar con la población, mejorar la representación y aprobar leyes en beneficio de nuestro país. Para ello, la ponderación del debate parlamentario es imprescindible, algo que se evidenció en las últimas semanas con la aprobación de la ley que dispone la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito por parte de la SBS cuando —pese a los insultos y agravios de los que fuimos objeto varios parlamentarios— pudimos imponer el debate técnico y, con ello, mejorar sustancialmente los dictámenes presentados por las comisiones, logrando una supervisión efectiva, inmediata y especializada para las cooperativas de ahorro y crédito.

Quizá quedarnos en la sombra y callados hubiera sido la mejor opción política, pero no era viable, pues el movimiento cooperativo estaba siendo satanizado y Fuerza Popular tenía, debido a su ADN microempresarial, que ejercer una defensa férrea. Además era la oportunidad para demostrar cuan equivocados estaban los congresistas críticos y sus avales mediáticos, quiénes —con absoluto desconocimiento del tema— se dedicaron a descalificar y ofender, en lugar de analizar y aportar. Quizá para ellos callar hubiera sido la mejor opción, pero hay batallas que al ganarse conllevan mayores beneficios que portadas y entrevistas falaces; hay batallas que se ganan en la cancha y no en los medios. Esta vez la ganamos junto al verdadero movimiento cooperativo, aquel que quiere una verdadera supervisión, que no tiene nada que ver con el lavado de activos y que presta y apuesta por las mypes.

Hoy, enfrentamos una nueva batalla contra la izquierda peruana y sus aliados mediáticos. Sí, los mismos que nos señalan constantemente con el dedo, sin argumentos de fondo, sin ideas, solo con insultos y agravios, y que se encuentran empeñados en dejar sin efecto el régimen de promoción agraria. Nuevamente, quedarnos callados no es una opción, pues gracias a este régimen cerca de 809,000 peruanos gozan de un empleo formal y sus consiguientes beneficios (CTS, seguro social, etc.). El planteamiento de la izquierda, en un país donde más del 72% de los peruanos vive en la absoluta informalidad laboral, es no solo de corte ideológico, sino que además rompe un círculo virtuoso de progreso para los trabajadores, sus familias y, desde luego, las empresas involucradas en el régimen. La izquierda solo propicia la pobreza, como históricamente lo ha hecho en nuestro país y otros de la región, como Venezuela.

Efectivamente, tal y como lo revelan las cifras del BCR y del propio Ministerio de Trabajo, el empleo informal en nuestro país condena a cerca de 12 millones de peruanos, siendo la agricultura y el sector servicios los que registran mayores niveles. El reto, según los expertos que han escrito sobre el tema, implica una mejora sustancial de nuestra competitividad laboral. Sin embargo, la propuesta de la izquierda radical implicaría una transferencia de dichos trabajadores al régimen del D. L. N° 728, aduciendo la violación de derechos laborales como la igualdad; pero desconociendo flagrantemente, por ejemplo, los matices de estacionalidad de la actividad agraria, que justificarían un régimen especial.

Insistiendo con las cifras, durante el periodo 2008-2017 las remuneraciones de los trabajadores del régimen agrario, en el sector más pobre, se incrementaron en 73% (de S/ 851 a S/ 1,472), lo que significa que los trabajadores de este régimen ganan mucho más que el trabajador agrario informal y reciben ingresos mayores que el sueldo mínimo legal. Las cifras son contundentes: los empleos directos se han incrementado en el mismo periodo en 69% (de 149 mil a 252 mil), miles de ellos ocupados hoy en día por la mujer peruana de zonas rurales, dándoles capacidad adquisitiva y una oportunidad para sacar de la pobreza a su familia y elevar su calidad de vida. Esto implica, además, una significativa diversificación de productos y la conquista de nuevos mercados, con exportaciones agrarias que se incrementaron más de ocho veces, de US$ 634 millones (en el año 2001) a US$ 5,795 millones (2017).

De hecho, el régimen de promoción agraria, como toda política pública, debe ser materia de medición y mejoras. Para ello es indispensable analizar la evidencia existente en torno a sus beneficios y su aporte al incremento de la productividad en nuestro país. Es imprescindible que analicemos la posibilidad de incorporar en el régimen un acápite especial que promueva la asociatividad de nuestros pequeños productores agrarios, tal como lo ha planteado Conveagro en la mesa técnica que propicio la Comisión Agraria al interior del Congreso de la República. O revisar aspectos laborales, la tasa de aportes a Essalud, su plazo de vigencia, la extensión a otras actividades económicas, entre otros aspectos técnicos. Pero lo que también toca es desterrar del debate la demagogia, los ataques ideológicos y, sobre todo, los personales. Solo así podremos mejorar una norma que hasta hoy nos ha dado resultados tangibles. Mejorarla está en nuestras manos, aunque ello implique una dura batalla.