Una estrategia ejecutiva para el corredor vial sur

Es una buena noticia que el corredor vial del sur (una zona estratégica para el cobre peruano, que recorre varias regiones y donde se produce casi el 50% del mineral rojo) haya sido liberado, tal como anunciara el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por decisión propia del Gobierno. Era increíble que en la zona considerada como un “activo crítico estratégico nacional” prime la ley de algunos pseudo dirigentes auspiciados y apoyados por economías ilegales, amén de ser garantizados legalmente por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la antipropaganda, antes que al Estado de derecho. 

Si bien la recuperación del corredor vial sur permite aliviar la situación compleja de las operaciones mineras en la zona, que ahora podrán exportar la producción de cobre, no podemos estar tranquilos sin que además de imponerse la ley y el orden el Estado nacional desarrolle, de una vez por todas, una estrategia ejecutiva en toda la zona. Es decir, si el Estado no cierra las brechas sociales, utilizando la enorme contribución económica de la minería moderna bajo un enfoque territorial, no será sostenible absolutamente ningún esfuerzo de ley y orden.

Ahora bien, cuando el suscrito señala que el Estado debe desarrollar una estrategia ejecutiva nos referimos exclusivamente a la ejecución de programas y proyectos de infraestructura en educación, salud, carreteras, agua y un largo etcétera. En ese sentido, hay dos vías: o se crea una autoridad ejecutiva para todo el corredor vial sur; o se realiza un esfuerzo para que los ministerios e instituciones puedan dar soporte técnico e instrumental a los gobiernos locales, provinciales y a los regionales. Ello para solucionar de una vez por todas la baja ejecución de los millones de soles que hay en el presupuesto público debido al canon minero y las regalías. 

Asimismo es necesario pasar del actual enfoque sesgado hacía un enfoque de territorio que integre a la minería moderna como motor económico, productivo y social de los espacios de gobierno en el corredor vial sur. Los planes de desarrollo de los diversos gobiernos locales o regionales en el corredor vial sur deben representar la realidad en regiones como Moquegua donde, por ejemplo, la minería es casi el 85% del PBI; o de Apurímac, donde es el 90%. En ambas regiones se da prioridad al desarrollo de la ganadería o a la agricultura, cuyo costo de inversión es enorme por la “venganza” de la geografía 

Muy por el contrario, con un enfoque territorial, la minería moderna podría ser una palanca de desarrollo para las inversiones de la agricultura o la ganadería con competitividad y productividad, además de ampliar y fortalecer el encadenamiento con proveedores locales. Frente a la visión de ordenamiento territorial que la tecnocracia de izquierda propone –con el objetivo de desaparecer la minería a favor de lo que ellos denominan el posextractivismo– se propone una alianza entre el Estado, las empresas y la sociedad en su conjunto. 

Si bien meses atrás hubo la intención de construir una zona de atención especial (ZAE) bajo el enfoque territorial, se ha quedado en tintero debido a las crisis políticas de los últimos meses. En ese sentido, es necesario recuperar la propuesta y desarrollarla. La minería es una palanca para pasar del crecimiento al desarrollo, es el pan del Perú y la bendición de millones de peruanos que se han beneficiado gracias a ella. Sin embargo hace falta una estrategia desde el Estado que permita aprovechar más nuestra “renta natural”