Pedro Olaechea

Una aparente sensación de legalidad

El alto costo de violentar la Constitución

Una aparente sensación de legalidad
Pedro Olaechea
09 de enero del 2019

 

Durante las últimas semanas la situación del Ministerio Público ha ido empeorando rápidamente. El enfrentamiento por la permanencia de Pedro Chávarry en el cargo de fiscal de la Nación ha polarizado aún más a nuestra sociedad y nos ha llevado a una situación preocupante. Nos estamos acostumbrando a promover cambios en el marco legal por nuestra simpatía o antipatía hacia las actitudes de presidentes de poderes del Estado, o incluso por actitudes de otros funcionarios públicos. Así, nos alejamos poco a poco de ser un país de leyes para ser uno en el que cualquier “interpretación” del marco legal es posible.

Existen poderosas razones para querer corregir una administración de justicia endémicamente frustrante. La ciudadanía tiene razón al estar indignada por lo que todos hemos visto. La gente tiene claros reclamos, muchas veces fundados y atendibles. Sin embargo, también es importante entender que las formas importan. Por eso, pensar en cómo se puede corregir este sistema es una discusión importante en la que no debe importar si no nos gusta fulano, mengano o zutano, pues de lo contrario podemos terminar con una situación bien ilustrada por el dicho “pan para hoy, pero hambre para mañana”.

Estamos comenzando a traer figuras como el aprendiz de brujo, quien tiene nociones rudimentarias de quiromancia y que al final solo logra desatar un infierno incontrolable en su entorno. Habría que recordar lo que decían los romanos: “sic transit gloria mundi” (así pasa la gloria del mundo) para recordar lo efímero de las victorias. ¿Qué pasará tras la gloria pasajera?

El costo de violentar las constituciones trae y ha traído siempre rebotes incontrolables. Que se proponga prescindir de las formas legales o se presenten fórmulas “paralegales”, que dan apariencia de legalidad, no es el camino hacia una verdadera reforma del sistema de justicia. Por ejemplo, el proyecto presentado por el Ejecutivo para declarar en emergencia al Ministerio Público es claramente inconstitucional.

Hoy existen procedimientos establecidos en la Constitución para remover fiscales. El Ejecutivo no puede intervenir un organismo constitucionalmente autónomo como el Ministerio Público. Es una puerta que no debe abrirse bajo ninguna circunstancia. Pensemos en el futuro. ¿Qué pasaría si llega al Gobierno un grupo político con el que no estamos de acuerdo y en el que no confiamos? ¿Qué pasaría si trata de usar técnicas similares porque no le gustan los fiscales de turno?

Hoy ocurre que la sensación del “todo se puede” se apodera de quien transgrede e increíblemente de quienes lo acompañan. Veamos en qué terminaron los gobiernos que hoy criticamos. ¿Por qué? Porque es justamente lo que en la actualidad comenzamos a hacer.

Lo que se busca es tratar al paciente para que supere la enfermedad, no matarlo. Eso sería un absurdo. También hay que recordar que la medicina puede ser dura, y que hay algo (o bastante) de populismo en señalar que si el pueblo lo pide, es lo que hay que hacer. Estamos para generar estructuras que perduren en el tiempo, no para crear discusiones todos los días, que no nos permiten avanzar.

Tenemos que pensar más allá de si queremos o no a un funcionario. Tenemos que evaluar cómo sus acciones afectan nuestros derechos. Si nos callamos cuando no se respeta la presunción de inocencia, el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, entre otros (porque un sujeto hace de “justiciero” con alguien que creemos culpable), ¿qué impide que en el futuro esto le pase a usted? ¿Cómo reaccionaría entonces, querido lector?

 

Pedro Olaechea
09 de enero del 2019

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