Tramitología y corrupción

Ha llamado la atención la presencia en el país de un empresario extranjero conmovido por la imagen publicada en Facebook de un niño estudiando a la luz de un poste de alumbrado público. Más aún cuando el Ministerio de Educación (Minedu) pretendió obstaculizar la remodelación del colegio estatal (en el que que estudia el mencionado escolar) que ofreció un millonario árabe. Al empresario le dijeron que debía seguir unos procedimientos de manera personal para realizar la donación.

Este impasse nos muestra la necesidad urgente de deshacernos de las innumerables trabas burocráticas que les hacen la vida imposible a las personas cuando acuden a una institución pública. La tramitología pone los nervios en punta a quien gestiona la obtención de una licencia de funcionamiento en la municipalidad. De igual manera, los grandes inversionistas realizan trámites repetitivos y absurdos para obtener licencias, certificados y permisos en distintas instituciones estatales antes de iniciar sus actividades productivas.

La excesiva normatividad está emparentada con la corrupción. A mayores trabas y reglamentaciones, mayores posibilidades de burlar la ley. Por eso el dicho antiguo “hecha la ley, hecha la trampa”. Los estatistas y legalistas no logran entender que con menos Estado existirían mayores posibilidades para reducir los niveles de corrupción y entrampamiento de la gestión. Mire usted cómo los proyectos en curso de las obras de la Reconstrucción con Cambios —por las inundaciones provocadas por El Niño Costero 2016-2017— están ahora en revisión. Más de dos años y solo se avanzó menos del 13% de las obras. En este escenario de normas, desconfianzas y atrasos de obras, la reforma de justicia que se pretende imponer para “liberar al país de la corrupción” es una estafa. Una norma, de la noche a la mañana, no volverá honradas y transparentes a todas las personas.

La sobrevivencia de los asambleístas y tinterillos peligra si la confianza sobrevive contagiándose por todos lados. La ampliación de la simplificación administrativa ayudaría si el Estado dejara de vernos como si todos fuéramos tramposos. Asimismo, se derrumbaría el poder que pretenden ostentar los burócratas frente al desvalido ciudadano.

El Estado desconfiado se ha protegido durante años instituyendo una tramitología monstruosa y dañina. Este es el garbanzal de los leguleyos. Crean “candados” para cerrarle el paso a lo sencillo y a la veracidad de las personas. Formularios y trámites reemplazan a la palabra honesta de la gente. Somos un país de desconfiados, sin una pizca de franqueza con el desconocido. La palabra por sí sola no es considerada. Debe ir acompaña de una prueba, aunque sea falsa. Por eso, el problema de la verdad real contra la verdad legal, que enfrenta a abogados, fiscales y jueces.

El exceso de normatividad en el distrito de La Molina llama la atención. Los vecinos deben conformar organizaciones sociales como manda la ley para mantener el ornato de su calle, establecer su seguridad y tener representación en el municipio. Deben suscribir actas de fundación, redactar estatutos aprobados por una asamblea y conformar comités electorales para elegir a sus representantes. ¡Qué ridículo! Los leguleyos contra las ventajas de la tecnología digital, que alivia la vida de las personas. Hoy veinte o treinta vecinos, sin necesidad de reunirse físicamente, coordinan y deciden por teléfono sin necesidad de firmas, sellos ni huellas digitales.

Haberle preguntado al millonario extranjero el origen de su dinero cuando intentaba donar a un colegio fiscal, es un rasgo propio de las sociedades medias, caracterizadas por el dinero sucio establecido en su economía. Además, poco elegante por la forma. En todo caso, la lucha anticorrupción no ofrecerá resultados si no impulsamos la transparencia y la veracidad de las personas. No hay otro camino. Más tarde se verá que muchas normas y procedimientos complicados sobraban. Solo son trampas para la palabra empeñada.