Tolerancia y armonía social

El funcionamiento del orden económico y jurídico en una sociedad requiere de un consenso sobre la práctica de valores y actitudes que aseguren condiciones básicas de legalidad y armonía; es decir, la presencia de derechos básicos para convivir humanamente en un escenario de libertad, respeto, tolerancia e igualdad de oportunidades. Se trata de la puesta en práctica de mínimos exigidos por los individuos y comunidades, donde los primeros requieren que su libertad, modo de vida y elecciones personales sean respetados, aunque no compartidas por la comunidad en que viven, mientras las comunidades salvaguardan sus formas de vida y tradiciones. En la sociedad debe existir un mínimo de legalidad y orden expresados en la práctica de valores, ideas, normas que requieren compartirse, ubicándolas en la base de su estructura jurídica. En tanto elementos básicos con los que todos pueden estar de acuerdo, posibilitan de un lado la tolerancia y vida colectiva, mientras por otro, expresan alineamientos con la ética de la convivencia democrática. 

En el contexto señalado, resulta oportuno entender la importancia de la tolerancia en la búsqueda o logro de la armonía social, recordando a tres insignes personajes. Nos referimos a Voltaire, célebre representante de las ideas progresistas que movilizaran la revolución francesa, en su afirmación: “Todos estamos llenos de debilidades y errores; perdonémonos recíprocamente nuestras tonterías: es esta la primera ley de la naturaleza”; al político español Antonio Maura, quien señalara: “La tolerancia significa enterarse cada cual de que tiene frente a sí a alguien que es un hermano suyo, que, con el mismo derecho que él, opina lo contrario, concibe de contraria manera la felicidad pública”; y al científico Albert Einstein en su señalamiento: “La libertad política implica la libertad de expresar la opinión política que uno tenga, oralmente o por escrito, y un respeto tolerante hacia cualquier otra opinión individual”.

Corroborando estas afirmaciones, la UNESCO en la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, anota que ella es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el pluralismo, la democracia y el Estado de Derecho; supone el rechazo del dogmatismo y del absolutismo y afirma las normas establecidas por los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. Es por eso que en sociedades como la nuestra, por las grandes diferencias existentes entre diversos grupos humanos, su práctica constituye, junto a un deber moral, una exigencia política y jurídica

En circunstancias que las diferencias se ahondan como consecuencia no solo de la pandemia, sino también por las erráticas acciones de políticas que ejecuta el actual gobierno, su cultivo resulta una exigencia educativa para abordar las causales centrales de la violencia, exclusión e inestabilidad, fomentando el pensamiento crítico y el razonamiento ético, contribuyendo al desarrollo de la solidaridad y la tolerancia entre los individuos, grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos. 

Constituye una obligación el logro de la armonía social, y urge formar ciudadanos responsables, alejados del odio, abiertos a otras culturas, que valoren la libertad, respeten las diferencias y dignidad de las personas, practiquen valores. Ciudadanos que sean a la vez capaces de promover la paz que se requiere para avanzar en el desarrollo o progreso del país. Una tarea que involucra en primer término a los docentes, exige una mejor formación y convoca a un mayor compromiso de la familia y la sociedad.