Toda la razón

El pasado ocho de octubre se conmemoró un año más de la creación de la Marina de Guerra del Perú, y al mismo tiempo se rememoró “la hazaña histórica de Angamos”. En la celebración el Comandante General de la Marina, Almirante Luis Polar Figar, recordó que “la valiente tripulación a bordo del Monitor Huáscar, se inmoló por nuestra patria al mando de su comandante, el Almirante Miguel Grau”.

En su alocución el jefe de nuestra Marina hace un recuento de las actividades y logros de la Institución a su cargo, lo que debería ser una permanente costumbre de todas nuestras Fuerzas Armadas y policiales. Pero además, y algo sumamente importante, señaló que “en relación a los inacabables procesos judiciales en los que los oficiales y personal subalterno se encuentran inmersos, muchos de ellos llevados por el odio e ideologías particulares, exhortamos que a nuestro personal se les apliquen las leyes vigentes, de manera justa y objetiva, para que no existan dudas de que la acción de la justicia se encuentra dentro de la legalidad”

El Almirante Polar tiene toda la razón al exponer su opinión, que es el ejercicio de un derecho constitucional y que de ningún modo significa transgredir el carácter de no deliberante de nuestras Fuerzas Armadas y policiales. La opinión aludida la compartimos muchísimas personas, ya sea desde la sociedad civil o desde quienes visten uniforme de las citadas fuerzas.

No dejaremos de criticar los larguísimos procesos judiciales contra soldados y policías, quienes solo han cumplido con sus obligaciones constitucionales de defender a la patria y darnos tranquilidad. Si en las acciones de combatir a enemigos de la patria, entre ellos el terrorismo, ha habido bajas y heridos de quienes atentan contra nuestro país, es porque ellos han agredido a nuestras Fuerzas Armadas y policiales, las que actuaron en cumplimiento de su deber, y por ello deberían estar exceptuados de responsabilidad penal como lo dispone el artículo 20 del Código Penal, que muchas veces nuestros fiscales y jueces ignoran.

No es posible que después de cuatro décadas aún no terminen los procesos penales incoados como consecuencia del develamiento del motín en “El Frontón”, o que se dejen de aplicar normas como la Ley 32107; como en el caso del Almirante Rivero Valdeavellano, procesado y condenado en sus 82 años de vida a pasar 18 años de prisión por supuestos hechos ocurridos en el primer quinquenio de los años ochenta en la lucha contra el terrorismo en Ayacucho, cuando ni siquiera tenía mando de tropas operativas.

Es más que cierto que las demoras inauditas de los procesos contra nuestros soldados y policías que defendieron a la Patria, así como las injusticias perpetradas contra el Almirante Rivero y varios otros patriotas a quienes les debemos que el Perú no se convirtiera en otra Cuba o Nicaragua, desmotivan a tales soldados y policías, una situación que debe corregirse ya y con premura.

Una solución para el caso de Almirante Rivero es otorgarle un indulto, que es facultad absolutamente discrecional de quien ejerce la presidencia de la República. O que se otorgue desde el Congreso amnistía a nuestros soldados y policías que enfrentaron al terrorismo, este último sí cruel, criminal y sanguinario.