Tierra y lentejas

La corrupción antiminera y el raro manejo de los fondos de la ONG Grufides. Nadie podría negar que la raíz de la protesta social está en la situación de pobreza en que viven muchos pueblos del país a pesar de que las arcas fiscales están repletas de dinero que proviene principalmente del aporte de la inversión privada. Pero nadie tampoco podría negar que esa protesta es aprovechada por la extrema izquierda para desatar la violencia y desestabilizar así al sistema. O también para extorsionar a las empresas, como acabamos de ver en Islay.

Es inconcebible que mientras las empresas extractivas contribuyen al país con miles de millones de soles en impuestos, regalías, canon, fideicomisos y otras contribuciones, el Estado mantenga a los pueblos que rodean esas inversiones con pésimos servicios de agua, desagüe, electricidad y seguridad, o sin escuelas, postas médicas, caminos, etc. Es el estado heredado del socialismo militarista y populista que no llegó a ser eliminado con las reformas de los 90 y que ha engrosado más su burocracia en los últimos 20 años con los partidos de gobierno.

El principal responsable del descontento en Islay es entonces el Estado incapaz de atender servicios fundamentales, de proteger a los ciudadanos agredidos por los radicales, de hacer respetar la autoridad. Pero los principales responsable de la violencia son los antimineros disfrazados de ambientalistas, que manipulan con mentiras groseras. Por ejemplo, dicen que “la mina dejará sin agua al agro” o “el polvo del tajo abierto dañará a la agricultura”. Han llegado al extremo de mostrar a los pobladores un vídeo de la explosión nuclear de Hiroshima para que vean las “nubes de polvo” que vendrían del tajo.

Como lo señaló Víctor Andrés Ponce en el debate que tuvo con Marco Arana, los antimineros mienten, porque Tía María usará agua del mar, no del río Tambo; y porque el polvo NO llegará al valle pues los vientos soplan en sentido contrario y las mini-explosiones que se usan para abrir el tajo levantan polvoredas de solo tres metros de altura. Tampoco se arrojará relaves a los ríos pues la tecnología que usará el proyecto es de punta. (segunda parte del debate)

Algo que nunca ha sido tan evidente es la entraña corrupta de los antimineros, revelada en los audios divulgados por Willax TV, en que Pepe Julio Gutiérrez negocia sus “lentejas”. El supuesto ambientalismo en Tía María resultó así una simple coartada para extorsionar. ¿Qué espera la justicia para detener y juzgar a los presuntos delincuentes?

Mientras tanto, el diario Expreso acaba de revelar que la ONG Grufides que encabeza el antiminero Marco Arana, recibió donaciones del exterior por 1’536,353 euros y 912,082 dólares, del 2006 al 2014, período en el que arreciaron en el país las movilizaciones y protestas violentas contra las inversiones en recursos naturales.

Las donaciones fueron destinadas supuestamente a proyectos para “profundizar la democracia”, promover “políticas ambientales sostenibles” y la “igualdad de sexos”, entre otros temas. La mayor parte se ejecutó en provincias de Cajamarca donde se desataron protestas contra el proyecto Conga, agitadas por el partido Tierra y Libertad de Marco Arana y Pepe Julio Gutiérrez. ¿Coincidencia?

Los primeros interesados en que esto se esclarezca debieran ser los países que financian a Grufides: España a través de su agencia de cooperación (AECI), y Bélgica, a través de su embajada en Lima. También otras instituciones como el gobierno autónomo de Navarra, las diputaciones de Barcelona y Alicante, la Asociación Catalana Ingeniería Sin Fronteras y la Fundación Appleton de Canadá.

Sería sumamente grave que ese dinero sea utilizado en realidad para sabotear la inversión privada, que ha sido fundamental para que el Perú rescatara de la pobreza a millones de peruanos en la última década. El Congreso debería investigar y esclarecer estas sospechas fundadas.

Por Víctor Robles Sosa

12 - May - 2015