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Las cifras económicas que dan a conocer diversas organizaciones trazan un derrotero para conocer hacia dónde se debe orientar la política general del Gobierno de Pedro Castillo. Por ejemplo, la Sociedad de Comercio Exterior (COMEX-Perú) informa que los volúmenes de exportación todavía no alcanzan el nivel promedio de los últimos años (12 millones de toneladas) y que, además, en los primeros nueve meses del 2021 se registró una caída de 5.9% con relación al 2019, lo que explicaría el negativo impacto en el empleo, así como en el aumento de la pobreza.

Sin embargo, parece que algunos funcionarios se solazan en el valor alcanzado por nuestras exportaciones que, siendo importantes, no responden a la política gubernamental sino, principalmente, a la favorable evolución de los precios de nuestras materias primas, cuyas cotizaciones varían en función a la oferta y demanda del mercado mundial. Por lo tanto, lo más importante es incrementar la producción, ya sea para atender la demanda interna o la que proviene del exterior.

Afortunadamente, la demanda de los minerales es creciente y sostenida en el largo plazo, por lo que la política económica más saludable es la que se orienta al incremento de los volúmenes de producción. Además, una mayor producción es el reflejo del fortalecimiento de la capacidad productiva, lo que le permitirá al país estar en mejores condiciones para cuando el ciclo de precios altos de los metales haya culminado.

Otra información que podría ayudar al mandatario es conocer cómo ha evolucionado el empleo en las zonas agroexportadoras desde que se derogó la Ley de Promoción Agraria, si se proyectan nuevas inversiones para modernizar y extender las áreas cultivadas o si éstas se han detenido y se orientan hacia nuevos destinos. Por ejemplo, a Ecuador, donde Guillermo Lasso –su presidente– está decidido a mejorar la calidad de vida de sus pobladores mediante la generación de empleo productivo. Por eso es que promueve la inversión, y no como algunos señalan que el objetivo es acrecentar las distancias sociales entre ricos y pobres.

El ciudadano de menores ingresos no está a la búsqueda de bonos. Todo lo contrario, es consciente de que si cuenta con empleo generará recursos económicos que le permitirán un mejor nivel de vida, así como fortalecer sus competencias para que disminuya el riesgo de transmisión de pobreza intergeneracional.

Otro dato que resulta muy explicativo sobre cómo evoluciona la producción es la demanda de energía, que tan solo ha avanzado 0.71% con relación al 2019, lo que resulta insuficiente para incorporar productivamente a los jóvenes en edad de trabajar. Esta situación también ocasiona un mayor riesgo porque incrementa los niveles de insatisfacción social, por lo tanto, de la conflictividad.

En consecuencia, esperemos que estos cinco meses de Pedro Castillo en el Gobierno le hayan otorgado una visión más amplia que la simplemente reivindicativa. Porque si persiste en el mismo camino solo conseguirá conducir al Perú hacia el despeñadero.