Tensa espera ante los anuncios del premier Bellido

Entre rumores de relevos ministeriales, incluyendo al primer ministro Guido Bellido, desmentidos por la realidad, hoy se llevará a cabo en el Congreso de la República la sesión para decidir si se otorga la investidura al gabinete ministerial. Muchos señalan que el mandatario Pedro Castillo, tiene como estrategia que sea la representación parlamentaria la que no le otorgue el voto de confianza, y con ello hacer cambios en varios ministerios, porque sus titulares han sido materia de cuestionamiento por su pasado de investigaciones judiciales, se incluye al Premier en esta lista. 

Solo los hechos dirán si el hombre de la cajamarquina Chota, es un estratega o un temeroso de los embates de los dirigentes del partido Perú Libre, capitaneados por Vladimir Cerrón, quienes le enrostran al jefe de Estado que ha sido el partido el que lo ha llevado a la Casa de Pizarro. 

Mientras estas conjeturas se discuten entre los que viven inmersos en la política a tiempo completo, en el sector empresarial se espera con inquietud los anuncios que se harán desde el Ejecutivo. Las más grandes preocupaciones están en el sector minero-energético, sobre el que se ha dicho en campaña electoral que se planteará un impuesto a las “sobreganancias mineras” y se realizará la nacionalización de los recursos naturales. Las propuestas deberán ser debatidas en el Legislativo, y el desenlace es impredecible.

Los dos temas son muy delicados. Hay experiencias internacionales que muestran altos réditos en el corto plazo; pero efímeros, pues la inversión exploratoria se minimiza o desaparece. En poco tiempo la producción declina por envejecimiento de los yacimientos, y los ingresos por regalía y canon descienden aceleradamente. 

Mucho se habla respecto al impuesto a las sobreganancias y su aplicación en países desarrollados, pero el requisito es la madurez de los gobernantes. Hay ejemplos clásicos en Sudamérica que muestran que la avidez recaudatoria de los gobiernos no tiene límites. 

En abril del 2006, durante la presidencia en Ecuador de Alfredo Palacios, el precio internacional del petróleo crudo se había cuadruplicado con respecto a los niveles de diez años atrás, y se impuso una tasa impositiva del 50% a la diferencia de precios, que es el concepto usado para hablar de sobreganancias. Posteriormente, durante el mandato de Rafael Correa, se incrementó la tasa impositiva al 99%. Con esta decisión la participación estatal, que era del 18.5% de los ingresos brutos, pasó al 93.9% de esos ingresos, con lo que la inversión se retrajo.

En cuanto a la nacionalización de los recursos, lo que se propone es algo diferente a lo que se hizo en Bolivia en mayo del 2006, que consistió en tomar las instalaciones de las empresas y pasar la propiedad del gas natural al Estado. Aquí lo que se pretende es que –dado que la Constitución de 1993 reconoce que los recursos en el subsuelo, son propiedad de la nación y que su explotación se rige por leyes orgánicas que establecen propiedad del contratista sobre lo extraído– cambiar la legislación y pasar la propiedad al Estado

En una posición de nacionalización, el propietario es quien retribuye al contratista por su explotación. Así el incentivo a la inversión exploratoria desaparece, pues el riesgo lo toma el privado y los beneficios son para el Estado. Suena a música celestial, pero no lo es.

Finalmente se teme por el manejo de precios. El Gobierno ya ha decidido que el GLP sea manejado por el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, y es altamente probable se haga lo mismo con las gasolinas. Esto al final se convierte en subsidio estatal. 

Esperemos el programa gubernamental para opinar.