Sin rumbo definido

El gobierno del presidente Pedro Castillo sigue emitiendo mensajes diversos, muchas veces contradictorios, sobre hacia dónde quiere conducir los destinos del país. La frase “que sea lo mejor para el pueblo” es un terreno común, pero quien debe decidir qué es lo mejor es precisamente el mandatario.

Su viaje a los Estados Unidos le mostró la realidad económica y social de la primera potencia económica del mundo. Pero si viajase a países de Europa vería que la realidad allá no difiere significativamente. Algo similar ocurre en China. Todas las potencias tienen claro que sin la generación de recursos económicos es poco lo que se puede lograr en términos sociales.

Recordemos en tanto Corea del Sur como Singapur tenían un producto bruto interno inferior al del Perú a inicios de los años sesenta; pero por estos lares nuestros iluminados políticos creyeron que era mejor imponer sus aspiraciones antes que analizar la realidad y terminaron por alejar la inversión para decidir optar por el desarrollo autónomo.

En ese mismo período, la propuesta de sustitución de importaciones fue implementada por muchos políticos latinoamericanos. Resultado: producción costosa y de poca calidad, que era lo único a lo cual podía acceder el consumidor local porque el mercado estaba cautivo gracias a los altos aranceles que impedían el libre comercio, así como la competencia. En suma, se privó al consumidor de la libertad de elegir. Fue un cenáculo en algún ministerio, en la cúspide del poder, el que decidía qué producto debía competir y cuál no. 

Al final perdió el Perú porque quedó rezagado frente a ambos países que siguieron una política de apertura y de libre competencia, en la que primaba el adagio de que cada quien sobresalga según sus propias fortalezas. Así lo hicieron y hoy ambos países –Corea del Sur y Singapur– figuran entre las economías más dinámicas del mundo.

Algo similar está ocurriendo con la denominada Segunda Reforma Agraria. Otra vez se quiere poner en práctica lineamientos de política que no funcionaron, que tasajearon el campo para generar micro unidades de producción que con el correr del tiempo serán nuevamente divididas y subdivididas por temas de sucesión. Las pequeñas parcelas dificultan una producción organizada y, por lo tanto, sus tenedores tampoco podrán asumir compromisos con el mercado internacional, como lo suelen hacer los agroexportadores, quienes antes de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria lograron convertir al Perú en el primer productor mundial de varios productos agrícolas de origen local, como otros que fueron introducidos como el arándano o los espárragos. 

Todo indica que las actuales autoridades empezarán a destinar recursos públicos de manera populista –esperemos que esta iniciativa no haya surgido para apuntalar la alicaída recolección de firmas para su Asamblea Constituyente– porque sus promotores bien saben que el minifundio no genera excedentes. Por lo tanto, dichos créditos no serán reembolsados y el Banco Agrario –u otro que se le parezca– terminará quebrando o solicitando periódicamente el auxilio del Ministerio de Economía y Finanzas.

Es decir, otra vez todos los contribuyentes asumirán las pérdidas de la implementación de políticas en función a anhelos, en lugar de analizar las enseñanzas de la historia económica del Perú.